La investigación realizada por la ONU indica que estas muertes tuvieron lugar principalmente en dos localidades, Kishishe y Bambo, en el distrito de Rutshuru, en la provincia de Kivu Norte. Esta zona continuó registrando un incremento de la violencia.
Las víctimas fueron ejecutadas en lo que apunta a una serie de medidas de represalia por la actual ofensiva llevada a cabo por el Gobierno. La violencia fue llevada a cabo como parte de una campaña de violadores, secuestradores y asesinos, que saquearon aldeas de Rutshuru ante los enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales.
La pesquisa muestra que de los fallecidos, 102 son hombres, 17 mujeres y al menos doce son niños, que habrían muerto entre los días 29 y 30 de noviembre. Todos ellos ejecutados arbitrariamente, mientras que una veintena de mujeres fueron abusadas, según el documento de la MONUSCO, que condenó la violencia contra los civiles.
Además, solicitó el cese inmediato de la violencia contra los civiles” instando a las partes implicadas a dejar inmediatamente las armas e involucrarse en un proceso de desmovilización, desarme y reintegración”.
Sin embargo, los rebeldes del M23, que se hicieron del control de varias localidades cercanas a la frontera con Ruanda y Uganda, negaron haber atacado a los civiles.
Asimismo, incidieron en que las fuerzas aliadas del Gobierno asesinaron a inocentes, destruido casas y saqueado aldeas. Muchos rechazan la idea del genocidio mientras la comunidad internacional permanece callada. Esto nos devuelve a los tiempos anteriores al genocidio de 1994 contra los tutsis en Ruanda”, indicaron los rebeldes en un comunicado.
Las autoridades congoleñas no reaccionaron ante tales acusaciones. El comunicado del M23 llega luego de que el grupo acordara retirarse de territorio ocupado tras la fuerte presión ejercida por el Gobierno y la comunidad internacional tras las resoluciones aprobadas por los jefes de los diferentes estados durante un encuentro en la capital de Angola, Luanda. (Europa Press).