La Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías de Perú ha informado de que hay 121 puntos en los que está interrumpida la circulación de vehículos debido a los bloqueos y a pesar de la ampliación de la declaración del estado de emergencia a varias provincias más.

En total hay 19 vías afectadas por las manifestaciones en once regiones, aunque con especial impacto en el sur del país, principalmente Puno y Cusco, donde se concentran los disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El viernes se informó de 87 bloqueos en 10 regiones y 17 vías afectadas, lo que supone un incremento significativo, según recoge la emisora RPP.

El Gobierno de Perú decretó la extensión del estado de emergencia en los departamentos de Cusco, Lima, Puno, la provincia de Callao y otras regiones ante el aumento de las protestas que recorren todo el país contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

La medida fue publicada en una edición extraordinaria del boletín oficial del Estado “El Peruano” y entró en vigor a partir de ayer y se prolongará durante los siguientes 30 días.

Además de las regiones mencionadas, el estado de emergencia se ha declarado también en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios, y en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua.

También, la medida ha incluido cinco carreteras nacionales, la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, Central, el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa y el Corredor Vial Interoceánico Sur.

Por otra parte, la norma también ha extendido por término de diez días el toque de queda en el departamento de Puno, desde las 20:00 a las 4:00 (hora local).

Respecto a las operaciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el Gobierno ha indicado que esta participación se encuentra regulada por los decretos legislativos 1186 y 1095, los cuales se refieren al uso de la fuerza por parte de las autoridades.

ATAQUES A

OLEODUCTOS

En consecuencia, la empresa petrolera estatal, Petroperú, ha alertado de ataques contra oleoductos de los que responsabiliza a grupos de manifestantes.

En concreto, un grupo de manifestantes se acercó a la válvula del kilómetro 371 del Oleoducto Norperuano, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, con la intención de manipularla.

Otro grupo de manifestantes “viene atentando contra la infraestructura de la tubería del Oleoducto Norperuano” en el kilómetro 440, localidad de Inayo, distrito de Imaza, provincia de Bagua. Además prendieron fuego en la zonas circundantes, situación que podría generar una explosión o derrame de hidrocarburos con graves consecuencias para las comunidades cercanas.

“Ante los lamentables hechos descritos, Petroperú hace un urgente llamado a que cesen estos actos vandálicos que solo están poniendo en grave peligro a la comunidad y a los propios manifestantes”, ha indicado la empresa.

En este contexto, el primer ministro peruano, Alberto Otárola; y la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, se han reunido con el cuerpo diplomático acreditado en Perú y con representantes de organismos internacionales a los que han dado garantías para la inversión extranjera y han informado de las medidas adoptadas para “impulsar la reactivación económica del Perú”.

“La democracia en Perú está garantizada y la fortaleza de sus instituciones también, lo que nos permite asegurar que el país cuenta con buenas condiciones de estabilidad para las inversiones y el trabajo en conjunto con diversas instituciones de presencia mundial”, ha subrayado Otárola en declaraciones recogidas por la agencia de noticias peruana Andina.

MÁS DE 300 DETENIDOS

Y 40 FALLECIDOS

Los enfrentamientos violentos continuaron entre manifestantes y fuerzas de seguridad con nuevos heridos entre los que se encuentra un estudiante de 21 años identificado como Rosalino Flores Valverde que se encuentra en estado crítico tras recibir más de 30 impactos de proyectil en Cusco.

La Fiscalía de Perú informaba el viernes de que 329 ciudadanos han sido detenidos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que se iniciaron en diciembre de 2022, tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo.

El Ministerio Público peruano ha indicado que los arrestados, entre los que se encuentra un menor de edad, están siendo investigados por haber presuntamente haber cometido “delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos”.

Por otro lado, ha indicado que, entre los meses de diciembre y enero, la Fiscalía ha abierto ocho investigaciones por las muertes que se han registrado en el marco de las protestas, con el objetivo de determinar la responsabilidad de las mismas.

Asimismo, el ministerio ha confirmado que, por el momento, el balance de víctimas es de 42 fallecidos, 41 civiles, un agente de Policía, 531 heridos, 355 civiles y 176 policías. (Europa Press).