La intensidad de protestas en Perú bajarán los próximos días
“Hemos pasado por una etapa complicada para el país, que se expresó en una mezcla de violencia política y una proveniente de los sectores que financiaron esto, y que pretendieron algo que no se apreciaba desde la época de Sendero: la toma del poder por las armas y por la fuerza, aunque con otras características ”, apuntó Otárola.
Sin embargo, el premier reconoció que Puno es la ciudad donde aún no restableció el orden. “Debemos tomar el control territorial. Los militares no van a entrar a reprimir, van a entrar a proteger los activos críticos. Ya se recuperó el puesto fronterizo; vamos a recuperar rápidamente las comisarías incendiadas ”, agregó.
En otro momento, Otárola reiteró que el expresidente Castillo es el único culpable de las protestas a pesar de que se encuentra recluido en la cárcel de Barbadillo, donde cumplirá 18 meses de prisión. “Todo fue propiciado, azuzado y alentado por Castillo ”, anotó.
Responsabilidad política y el adelanto de las elecciones.
Por otro lado, el premier fue consultado si asume alguna responsabilidad política por los fallecidos a causa de la violenta represión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). Nuevamente, Otárola evadió cualquier autocrítica.
Otárola descartó cambios en el gabinete ministerial.
Además, el premier habló sobre el entrampamiento del adelanto de las elecciones generales. Como se sabe, el Pleno del Congreso de la República fracasó en tres oportunidades para viabilizar este asunto que se volverá a discutir en marzo cuando arranque la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2022-2023.
Así, Otárola enfatizó que no obligarán al Parlamento a que apruebe el adelanto de las elecciones. Indicó, por el contrario, que prefiere que dé luz verde a los proyectos que enviaron desde el Poder Ejecutivo. De esta forma, evitó aclarar si la presidenta Boluarte se quedará hasta el 2026.
Rechazo evidente
Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, publicado hoy el 73% de los consultados en su nuevo estudio cree que Boluarte Zegarra debe renunciar.
En el desglose de esta cifra se observa que en la zona rural (86%) hay mayor incidencia en que dé un paso al costado a comparación del área urbana (77%).
Por su parte, el 25% tiene una opinión contraria: la presidenta debe permanecer en su cargo. Finalmente, los que no tienen una opinión sobre el asunto son el 2%. (Infobae).
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