Durante el allanamiento realizado ayer en el hotel de Plaza Canning Design, la justicia de Argentina secuestró los celulares de los iraníes que integran la tripulación del Boeing 747 de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo y se ordenó una pericia sobre los dispositivos electrónicos.
La fiscal Cecilia Incardona pidió una varias medidas para determinar si algunos de los ciudadanos iraníes guarda alguna vinculación con organizaciones terroristas.
Además, la causa penal para dilucidar las sospechas alrededor del avión venezolano-iraní se abrió el lunes por la tarde, con un pedido de la representante del Ministerio Público Fiscal para que se decrete el secreto de sumario. En esas condiciones se encuentra a la fecha el expediente.
Cuando impulsó la acción penal, la fiscal Incardona le sugirió una serie de medida al juez Federico Villena, que apuntan, esencialmente, a esclarecer los motivos por los cuales el avión matrícula YV3531 y que hasta enero pertenecía a la aerolínea iraní Mahan Air, aterrizó en suelo argentino.
La investigación penal se abrió en base a la denuncia presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). En el texto plantearon la posible conexión del piloto de la aeronave con un organización considerada terrorista.
El avión que lleva una semana en el aeropuerto de Ezeiza perteneció a Mahan Air SA, empresa sancionada por el gobierno de los Estados Unidos por supuestos vínculos con operaciones de lavado de dinero y al financiamiento de organizaciones terroristas. En ese punto se estableció la conexión con la fuerza iraní de elite Al Quds.
Los abogados de la DAIA sostuvieron que alguno de los integrantes de la tripulación iraní “tendrían vínculos con las fuerzas Al Quds, perteneciente a la Guardia Revolucionaria Islámica, declarada como grupo terrorista por los Estados Unidos”. (Clarín)