«Un juez británico ha ordenado la extradición de Assange a Estados Unidos, donde hará frente a una condena de 175 años (de cárcel) por sus publicaciones», comunicó Wikileaks en su cuenta en Twitter, antes de agregar que Patel tendrá hasta el 18 de mayo para pronunciarse.
La ministra deberá determinar ahora si la petición estadounidense cumple todos los requisitos, incluido el compromiso de no ejecutar a Assange en caso de traslado.
El abogado defensor, Mark Summers, confirmó ante los medios que enviará al Gobierno informes críticos con las prácticas judiciales norteamericanas, según BBC Mundo.
El juzgado debatió el fallo en medio de una protesta en los alrededores del edificio en la que ha participado el antiguo líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn. Dentro de la sala, Assange habló únicamente para confirmar su nombre, fecha de nacimiento y que era consciente de lo que allí acontecía.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, apeló a la «obligación» de Reino Unido de «no enviar a nadie a un lugar donde su vida o su seguridad corra peligro».
Asimismo, advirtió en un comunicado que una autorización final por parte de Patel «sentaría un alarmante precedente para editores y periodistas».
Temen que Assange sufra en Estados Unidos «unas condiciones de reclusión que podrían causar un daño irreversible a su bienestar físico y psicológico».
Su estado de salud fue precisamente uno de los principales argumentos de sus abogados para tratar de impedir la extradición, apelando incluso al riesgo de suicidio.
El Tribunal Supremo de Reino Unido desestimó en marzo la petición de Assange para recurrir su extradición a Estados Unidos, donde está acusado de espionaje y podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de prisión por la publicación de documentos oficiales clasificados.
Además, el fundador de WikiLeaks estuvo refugiado en la Embajada ecuatoriana desde 2012 para evitar ser extraditado inicialmente a Suecia, donde tenía pendiente una investigación por presuntos delitos sexuales, finalmente desestimados. Sin embargo, fue detenido en abril de 2019 después de que las autoridades ecuatorianas le retiraran el asilo.
El caso no tiene precedentes en Estados Unidos bajo la normativa original, la Ley de Espionaje de 1917. Muchos académicos consideran que la ley, que nunca se ha utilizado para enjuiciar a un periodista hasta ahora, plantea problemas constitucionales porque infringe los derechos de la Primera Enmienda a recibir y publicar información. (Europa Press)