La ONG Human Rights Watch (HRW) reivindicó ayer la necesidad de que la comunidad internacional apoye movimientos de protesta para hacer frente a gobiernos abusivos, como los de Sudán o Birmania, y lograr así garantizar la protección de los Derechos Humanos.

En su Informe Mundial 2023, HRW instó a los gobiernos que respetan los Derechos Humanos a aprovechar la oportunidad y actuar de forma responsable para prestar atención política a grupos de la sociedad civil que desafían a este tipo de regímenes.

“En Sudán, los responsables políticos de Estados Unidos, la ONU, la UE y los socios regionales que se relacionan con la cúpula militar del país deben dar prioridad a las demandas de justicia de los grupos de protesta y de las víctimas, así como al fin de la impunidad de quienes ocupan puestos de mando”, aseveró la directora ejecutiva en funciones de la organización, Tirana Hassan.

Por ello, hizo un llamamiento a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), entre otros organismos, para intensificar la presión sobre la junta de Birmania alineándose con los esfuerzos internacionales para cortar las fuentes de divisas de los militares.

En este sentido, recordó que las sucesivas crisis de Derechos Humanos registradas a lo largo de 2022, que van desde Ucrania hasta China y Afganistán, dejaron tras de sí un mar de sufrimiento humano, pero también abrieron nuevas vías para el liderazgo en esta materia.

El Informe Mundial, que examina la situación de los Derechos Humanos en casi un centenar de países, señala que a medida que se observa un cambio de poder en todo el mundo, proteger y fortalecer el sistema mundial de derechos de los constantes esfuerzos de líderes abusivos que buscan derribarlos, exige compromisos renovados por parte de todos los gobiernos, lo que trasciende las alianzas políticas actuales.

“El año pasado quedó demostrado que todos los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger los Derechos Humanos en todo el mundo”, afirmó Hassan antes de recalcar que en un contexto de poder cambiante, existe más espacio, no menos, para que los Estados defiendan estos derechos a medida que emergen nuevas coaliciones y voces de liderazgo.

Así, señaló que la invasión rusa de Ucrania captó la atención del mundo y activó todo el arsenal del sistema de Derechos Humanos. «El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas abrió una investigación sobre los abusos y nombró a un experto para supervisar su situación dentro de Rusia. El Tribunal Penal Internacional abrió una investigación tras la remisión de un número récord de países miembros del tribunal», sostuvo.

No obstante, hizo hincapié en que aquellos gobiernos que están prestando un apoyo consolidado sin precedentes a Ucrania, deberían preguntarse cuál sería la situación si hubieran exigido responsabilidades a Putin en 2014 e incidió en que este es el tipo de acciones que son ahora necesarias en Etiopía.

Además, alertó de que el Gobierno chino tampoco rinció cuentas por la detención masiva, tortura y trabajos forzados a los que somete a cerca de un millón de uigures y otros musulmanes turcos en la región de Xinjiang.

«Los autócratas se basan en la apariencia de que sus tácticas de mano duran son necesarias para la estabilidad, pero como demuestran una y otra vez los valientes manifestantes de todo el mundo, la represión no es un atajo hacia la estabilidad», afirmó.

CAMBIO CLIMÁTICO

Por otra parte, advirtió que es necesario tomar medidas para hacer frente a la amenaza existencial del cambio climático, una cuestión que afecta a países que van desde Pakistán hasta Nigeria, pasando por Australia.

«Todos los rincones del mundo se enfrentan a un ciclo ininterrumpido de inundaciones catastróficas, incendios forestales masivos y sequías

provocados por el hombre. Estas catástrofes ilustran el costo de la inacción, siendo los más vulnerables los que pagan el precio más alto», lamentó.

Es por eso que «los gobernantes tienen la obligación legal y moral de regular las industrias, como las de los combustibles fósiles y la explotación forestal, cuyos modelos de negocio son incompatibles con la protección de los derechos fundamentales», señaló.

Para ello, solicitó ayuda para las comunidades de primera línea y los defensores del medio ambiente, con el objetivo final de proteger los ecosistemas esenciales.

CUESTIÓN

LATINOAMERICANA

Sobre la situación en Latinoamérica, Hassan. hizo un llamamiento a los gobiernos de la región a abordar problemas crónicos en materia de Derechos Humanos, como la pobreza, desigualdad e inseguridad, además de la degradación ambiental.

«Las falencias crónicas para enfrentar estos problemas fueron usadas por algunos políticos para justificar que restringen o violan Derechos Humanos e impulsaron a millones de personas en la región a abandonar sus hogares en busca de seguridad y oportunidades en el extranjero», manifestó.

Durante 2022, resultaron electos o tomaron posesión del cargo nuevos presidentes en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Honduras. HRW, alertó de que algunas elecciones se llevaron a cabo en un contexto de violencia política y ataques a la independencia de las instituciones electorales. Está previsto que otros nueve países en la región, entre ellos Argentina, El Salvador, Guatemala, México y Venezuela, celebren elecciones presidenciales en 2023 o en 2024.

«La falta de respuestas eficaces ante la corrupción, la violencia y la pobreza fue usada como pretexto por parte de políticos que prometen soluciones que suenan sencillas pero que suelen resultar abusivas», expuso Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW.

En América Latina, casi un tercio de la población vive en la pobreza, y más de una décima parte en la pobreza extrema. Más de la mitad de los ingresos totales de la región van a parar al 20 por ciento más rico, y el racismo estructural continúa presente, según la ONG.

En este sentido, advirtieron que la deforestación y los incendios están llevado a la selva amazónica a un punto de inflexión del cual no podrá recuperarse y criticó las políticas ambientales del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

La ONG denunció que la minería ilegal está causando graves daños al medio ambiente y a las comunidades indígenas en Venezuela y arremetió contra la deforestación ilegal desenfrenada, que está devastando la biodiversidad de la región y los medios de vida de quienes viven en los bosques.

VIOLENCIA

En relación con los altos niveles de violencia en la región, HRW, aseguró que estos siguen siendo preocupantes dada que es la región del mundo con mayor tasa anual de homicidios, con una media de 21 por cada 100.000 habitantes.

«Los líderes latinoamericanos deberían adoptar políticas de seguridad sostenibles y que respeten los derechos humanos. Entre otras medidas, ello exige priorizar los procesos penales contra líderes de grupos criminales y prevenir el reclutamiento de jóvenes mejorando el acceso a la educación, al trabajo y a otras oportunidades», sostuvo.

Millones de personas migraron en América Latina escapando de la violencia, la represión y la pobreza. Ello incluye más de 7,1 millones de venezolanos que huyeron de su país desde 2014, así como cientos de miles que huyen cada año de América Central, México, Haití, Cuba y otros países.

La ONG lamentó que a muchos se les niegue la posibilidad de buscar protección internacional o se enfrenten a obstáculos en su trayecto, incluidas restricciones a visados y devoluciones en las fronteras. (Europa Press).