Los grupos armados ilegales se disputan el control del territorio y de actividades ilícitas en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure, en la frontera binacional, según la investigación.
En los dos primeros meses de 2022 al menos 103 personas fueron asesinadas en Arauca en medio de los combates entre grupos armados ilegales que han provocado un aumento dramático de la violencia, forzando a miles a huir de sus hogares, según el informe. La cifra de homicidios es la más alta para los primeros dos meses del año en Arauca, al menos desde el 2010.
Los rebeldes de ambos bandos, anteriormente aliados, han cometido múltiples abusos como asesinatos, reclutamiento forzado de niños y niñas, y desplazamiento forzado, de acuerdo con Human Rights Watch (HRW) que acusó a efectivos de las fuerzas de seguridad venezolanas de realizar operaciones conjuntas con miembros del ELN y de ser cómplices de sus abusos.
«Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente», indicó Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
«Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas», agregó en un comunicado.
De inmediato no se produjo ninguna respuesta del Gobierno de Venezuela a la acusación del grupo de derechos humanos.
Desde que se iniciaron los enfrentamientos en la frontera entre el ELN y los disidentes de las FARC que rechazaron un acuerdo de paz de 2016, al menos 3.860 personas se han desplazado internamente en el departamento colombiano de Arauca y más de 3.300 han huido de Venezuela a los departamentos de Arauca y Vichada, de acuerdo con HRW.
Algunas de las víctimas pueden haber sido miembros de grupos armados, pero otras eran civiles, reportó HRW. (Reuters)