La Administración estadounidense catalogó el 12 de agosto a Velázquez de «significativamente corrupto» por intentar, presuntamente, sobornar a un funcionario público y entorpecer una investigación contra él.
Velázquez respondió inicialmente anunciando que dimitiría como vicepresidente, pero descartó hacerlo días más tarde alegando que no tenía constancia de que la Fiscalía hubiese abierto causa alguna.
Este martes, y por orden de la fiscal general, Sandra Quiñónez, el Ministerio Público ha confirmado en un comunicado la «apertura de una causa penal» a raíz de los señalamientos de Estados Unidos, ya que en ellos se exponen «hechos que pudieran ser de relevancia penal». De las pesquisas se encargará la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía.
El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, se refirió esta semana al caso en una entrevista a Telemundo para apuntar que, en su opinión, «lo correcto» sería que Velázquez dimitiera. «Yo no tengo facultad de destitución y yo respeto su decisión», añadió a continuación. (Europa Press)