Por primera vez en la historia peruana un jefe de Estado ha sido citado como investigado durante su mandato por presuntos delitos cometidos durante su gestión a pesar de que la Constitución contempla su inmunidad.
Castillo y su defensa han sido notificados mediante citación el domingo vía correo electrónico en un mensaje que explica que la diligencia se desarrollará en la sede de la Fiscalía de la Nación a las 10.00 horas.
Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con el extitular de esta cartera Juan Silva Villegas, funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial, así como de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
Por este motivo, Castillo es investigado por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
La citación llega en medio del proceso legal que la defensa del jefe de Estado ha iniciado para anular la inclusión del mandatario en el caso.
Para los abogados de Castillo, este caso es «una investigación muerta, que nunca debió abrirse». Sus argumentos se basan en el artículo 117 de la Constitución de Perú que determina que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su mandato por hechos muy concretos y no por delitos comunes, y por eso considera que el caso es inconstitucional.
El abogado Benji Espinoza presentará ahora una tutela de derechos para evitar que Castillo continúe siendo investigado. Por el momento no se conoce fecha para la presentación de este recurso, pero sí ha indicado que será esta misma semana.
Sin embargo, no descarta que el mandatario pueda declarar, aunque señala que responder es voluntario. Espinoza ha subrayado que el presidente colaborará con todo proceso fiscal si es una investigación objetiva. (Europa Press)