Castillo, desde el penal Barbadillo donde cumple 18 meses de prisión preventiva, negó, durante la audiencia de apelación de la Corte Suprema, que haya cometido los delitos de rebelión y conspiración. El exmandatario acusó al gobierno de Dina Boluarte de acabar con la vida de más de 30 peruanos y acusó al Congreso de la República de conspirar con otras instituciones para acabar con su gobierno.
“Yo jamás he cometido un delito de rebelión, no me levanté en armas, tampoco he llamado a cometer este delito a nadie, pero sí debo decir que quién sí se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno, dejando como saldo más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos”, sostuvo Castillo Terrones.
“Yo no cometí ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas”. agregó.
Pidió además, a los magistrados, que se reflexione y se vea que su prisión preventiva es injusta. “Solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política”.
“Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho”, recalcó.
Asimismo, denunció que hasta la fecha esta incomunicado y no tiene acceso a un número telefónico para llamar a su familia.
Indicó que puso a buen recaudo a su familia “a cambio de mi libertad”. “Debo manifestar que solicito se me dé la oportunidad para tener acceso a un servicio telefónico ypoder llamar a mis padres y mi familia”.
AUDIENCIA
Desde las 9:00 horas de ayer se inició la audiencia de apelación donde el expresidente espera cambiar la prisión preventiva por el de comparecencia restringida. Aquí también estuvieron citados el exprimer ministro, Aníbal Torres y su defensa.
La fiscal suprema adjunta Silvia Sac Ramos pidió al juez San Martín que se revoque la comparecencia con restricciones de Aníbal Torres para que continúe con el proceso con prisión preventiva. Indicó que la enfermedad de Torres (diabetes) no debe considerarse en este caso, ya que es un mal que se puede tratar en un penal.
La fiscal en otro momento recibió el llamado de atención del juez, quien le pidió que debería enfocarse en lo relacionado al peligro procesal y de fuga del exjefe de Estado.
Posteriormente, la defensa de Aníbal Torres también dio a conocer sus argumentos que justifican por qué el ex hombre fuerte del gobierno de Castillo debería seguir con el mandato de comparecencia restringida.
El juez San Martín decidió dar por culminada la sesión alrededor de las 11:30 de ayer y señaló que resolverá de inmediato el caso, previo debate y votación de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. (Infobae)