La ONU pidió una «acción urgente» al Gobierno para atajar la crisis ante el «claro riesgo» de que se repitan los incidentes que ya han dejado más de 180 reclusos muertos.

En una declaración, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Morris Tidball-Binz y el relator especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Nils Melzer han indicado que «se deben realizar investigaciones prontas, independientes e imparciales» para determinar las circunstancias de todas estas muertes». Y en caso de violaciones a los Derechos Humanos, «enjuiciar a los responsables».

Además, insistieron en pedir «medidas urgentes y efectivas» para «detener nuevas matanzas», ya que han recibido información sobre preocupaciones específicas, incluido el hacinamiento severo, en gran parte como resultado de una política de «guerra contra las drogas» sumamente punitiva.

En una declaración, han informado sobre las denuncias de recortes presupuestarios y falta de personal, incluidos profesionales capacitados en los campos necesarios para la rehabilitación social, que se suma a la disponibilidad de armas, la violencia entre bandas criminales rivales y la separación inadecuada de los reclusos en las cárceles. Todas estas circunstancias han agravado aún más los problemas en las cárceles.

Por otra parte, ambos expertos han denunciado que las investigaciones médicas y legales han dado como resultado «informes confusos» sobre el número de muertos, lo que ha generado un «sufrimiento adicional» a los familiares de los fallecidos.

En la declaración, los expertos recuerdan a las autoridades que tienen la obligación de proteger la vida y la integridad física de todas las personas detenidas, lo que incluye el deber de investigar las muertes ilegales. Las preocupaciones de ambos se han visto reflejadas, además, en una misiva que han dirigido al Gobierno.

La semana pasada los expertos que integran el Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura ya expresaron su consternación por la violencia presente en el sistema penitenciario ecuatoriano e instaron a las autoridades de Ecuador a adoptar las medidas necesarias para evitar nuevos enfrentamientos violentos.

El país atraviesa una crisis de seguridad que ha dejado varias masacres en centros penitenciarios del país y ha enfrentado a varias bandas. La última de ellas, en la Penitenciaría del Litoral, dejo 65 presos fallecidos, mientras que el número total de presos muertos en 2021 asciende a 327, en comparación con la cifra de 2020, cuando fueron 52. (Europa Press)