Según consta en el resguardo de presentación de la solicitud de protección internacional, a la que ha tenido acceso Europa Press, este fue firmado el 13 de octubre en Madrid y en la exposición de hechos que hizo su defensa, dirigida por el abogado Ismael Oliver, se detalló, aportando documentos, que tuvo que salir del país obligada por la persecución política y las amenazas.
Según el relato de Ortega Díaz, en marzo de 2017 manifestó públicamente que en Venezuela se había producido una ruptura del orden constitucional dado que, afirmó, el Poder Ejecutivo desconoció el Estado de Derecho y la separación de poderes vigentes en el país.
Tal y como dicen las fuentes consultadas, esta denuncia se produjo después de que fuesen asaltadas con fuerzas militares las instalaciones de la Fiscalía. La que fuera fiscal general afirma que el Gobierno de Nicolás Maduro tomó represalias contra ella y su familia, sometiéndola a persecución y amenazas contra su libertad y su integridad física.
Esto motivó que saliera del país y encontrara refugio en Colombia, donde le dieron protección internacional, otorgándole la condición de refugiada el 27 de noviembre de 2018, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
A la par Ortega Díaz también adelantó gestiones ante la Corte Penal Internacional (CPI) en la que, aseguran fuentes cercanas a la ex fiscal, sustentó con pruebas forenses y documentales la violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro contra el pueblo venezolano, presos políticos y ciudadanos indefensos.
Según indican, esta denuncia originó nuevos ataques y amenazas contra su vida y su libertad. Así, ante las constantes amenazas decidió trasladarse a España y solicitar asilo argumentado que a pesar de que era protegida en Colombia sentía temor por su vida dado que ambos países comparten una amplia frontera que es permeable al libre tránsito. (Europa Press)