Lima.- Los empresarios de Perú rechazaron ayer la intención del Gobierno de frenar la extensión de las operaciones de cuatro minas, entre ellas dos del grupo Hochschild Mining, en medio de protestas de comunidades cercanas que alegan contaminación.

La primera ministra Mirtha Vásquez anunció el viernes en la noche el compromiso del Gobierno con dirigentes de algunas comunidades de la región andina Ayacucho para mediar los términos para el cierre de las cuatro minas, afectadas por protestas en las últimas semanas.

«Esta es una medida arbitraria que viola el Estado de derecho y sus principios», dijo Oscar Caipo, presidente de Confiep, que agrupa a las corporaciones más grandes de Perú.

El compromiso del Gobierno fue suscrito tras una reunión de la primera ministra con líderes comunales de cuatro provincias de Ayacucho.

«Haremos un cierre de minas lo más inmediato posible», dijo Vásquez, según un comunicado del gobierno. «No habrá ninguna ampliación más ni para procesos de explotación, exploración e incluso para cierre de minas», remarcó.

Se trata de las productoras de plata Imaculada y Pallancanta de la Minera Ares -subsidiaria de Hochschild Mining-, y de las minas Sami SAC y Apumayo. El campamento de esta última pequeña productora de oro fue incendiado a fines de octubre en medio de una protesta contra sus operaciones.

Los comentarios de Vásquez provocaron una dura reacción de la industria minera y los ejecutivos dijeron que si bien las minas estaban formalmente reguladas para un plan de cierre en un determinado plazo, esperaban extender las operaciones.

«Nosotros no tenemos planes de cesar nuestras operaciones, por el contrario, tenemos la expectativa de seguir invirtiendo», indicó el gerente general de Minera Ares, Ignacio Bustamante.

«Vamos a esperar una rectificación. De no darse, estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por el lado legal», agregó el ejecutivo en la conferencia de prensa.

Representantes de las minas Apumayo y Sami también dijeron que no tienen un plan inmediato de cierre de sus yacimientos.

Según la ley peruana, todas las minas tienen una fecha de cierre prevista, aunque estas pueden modificarse teniendo en cuenta nuevos descubrimientos y si los reguladores lo permiten.

El anuncio del Gobierno se produce cuando el país transita por una ola de protestas contra el sector minero a menos de cuatro meses del ascenso al poder del presidente izquierdista Pedro Castillo, quien ganó las elecciones con la promesa de otorgar mayores beneficios económicos a las comunidades pobres.

Las protestas han afectado a grandes productoras de cobre como Antamina, de Glencore y BHP Billiton; y también a Las Bambas de la china MMG Ltd.

El sector minero ha criticado a Castillo por lo que ve como una administración demasiado permisiva con los manifestantes.

«Estamos legitimando la violencia como una medida justificada de presión social», dijo Raúl Jacob, presidente de la poderosa Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Jacob también es el director financiero de Southern Copper Corp, controlada por el Grupop México.

El conflicto se produce además cuando el Gobierno planea elevar impuestos y regalías en el sector, cuyas operaciones representan el 60% de todas sus exportaciones de Perú. (Reuters)