Quito.- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó ayer el estado de excepción en tres provincias del país como respuesta al paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que ha salido a la calle por quinto día consecutivo.
Durante 30 días, las provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi estarán bajo el estado de excepción, que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para misiones de seguridad ciudadana y contra la delincuencia, aunque el presidente ecuatoriano no ha dado detalles sobre el despliegue de militares o de la imposición de un toque de queda nocturno, como sí ha hecho en otros regímenes de excepción.
“Anoche convoqué al diálogo y la respuesta fue más violencia (…). Esto me obliga a declarar el estado de excepción en Pichincha, Imbabura, Cotopaxi a partir de la medianoche de hoy”, explicó el mandatario ecuatoriano en un comunicado emitido por la principal televisión del país.
Lasso insinuó que el convocante de las protestas, Conaie, no tiene intención de buscar soluciones, y les ha acusado de provocar un alza de los precios por el cierre de carreteras, y de poner en riesgo a los enfermos por prohibir el paso de ambulancias.
Sin embargo, manifestó que «hay gente buena que está marchando para reclamar causas justas» y que su Ejecutivo «todavía» no ha podido atender. Por este motivo, y «para aliviar la difícil situación de las familias ecuatorianas», ha anunciado un paquete de medidas «con la finalidad de garantizar la paz de todo el país y atender las principales demandas y preocupaciones de la población», tal y como ha explicado la Presidencia del país en un comunicado.
«He decidido aumentar el bono de desarrollo humano a 55 dólares (52,40 euros), declarar en emergencia el Sistema de Salud Pública, duplicar el presupuesto en Educación Intercultural, subsidiar hasta al 50 por ciento el precio de la urea (fertilizantes) para pequeños y medianos productores», detalló el mandatario ecuatoriano.
Asimismo, anunció que Banecuador –un banco propiedad del Estado– perdonará todos los créditos vencidos hasta 3.000 dólares (2.850 euros), y que otorgará crédito agrícola para financiar a los agricultores.
«No habrá alza del gas, la gasolina extra (…). No habrá ninguna privatización de servicios públicos y sectores estratégicos. Invito al diálogo a la sociedad civil, a los médicos, a los artesanos, a los agricultores, a los transportistas, a las universidades y a todas las organizaciones sociales», agregó Lasso, que ha instado a que cesen las protestas.
Este anuncio llega en la jornada en la que se cumplen cinco días del paro general convocado por Conaie. La organización indígena y sus aliados protestan por el elevado precio de los productos de primera necesidad y los combustibles, la precariedad de los hospitales públicos, o que no se atienden a los agricultores.
Asimismo, critican a «la política neoliberal del presidente Guillermo Lasso» por la presunta privatización de empresas públicas, o las reformas legales en curso para promover el trabajo por horas.
Tras el anuncio del estado de emergencia, Conaie hizo un llamado a los manifestantes a «no permitir el vandalismo» y a llevar la protesta con «dignidad» y ha la vez ha ratificado la vigencia de la convocatoria del paro.
«Hacemos el llamado a nuestras estructuras de base, fraternas y población a no permitir el vandalismo, la violencia e identificar infiltrados que quieren generar caos. La protesta debe llevarse con una agenda clara, dignidad y conciencia colectiva», detalló la organización en un comunicado.
«No demos pretexto al gobierno para que imponga la violencia», apuntó el líder de la CONAIE, Leónidas Iza. Sin embargo, Iza ha criticado las «medidas irrisorias» anunciadas por Lasso.
Estas medidas «algo ayudarán a las familias», según Iza, que ha señalado sin embargo que muchos de los anuncios no vienen acompañados de un documento concreto. (Europa Press)