De esta forma, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia ecuatoriana indicó mediante un comunicado que el decreto de Lasso dispone «renovar el estado de excepción en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a escala nacional por el plazo de 30 días adicionales».
Según el Gobierno, la decisión tiene el objetivo de proteger «los derechos de las personas privadas de libertad, como grupo de atención prioritaria, del personal del cuerpo de seguridad penitenciaria y de los miembros de la Policía Nacional», además de «controlar las circunstancias que han alterado el funcionamiento del sistema penitenciario, restablecer la convivencia pacífica, el orden y su normal funcionamiento».
El estado de excepción fue declarado el pasado 18 de octubre, aunque en un primer momento se contemplaba para aplicarse durante 60 días, finalmente el Tribunal Constitucional dispuso que tendría una vigencia de 30 días.
En base a esta medida, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están habilitadas para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullajes durante las 24 horas del día y requisiciones de droga, entre otras acciones.
El país atraviesa una crisis de seguridad que ha dejado varias masacres en centros penitenciarios del país y ha enfrentado a varias bandas. La última de ellas, en la Penitenciaría del Litoral, dejo 65 presos fallecidos, mientras que el número total de presos muertos en 2021 asciende a 327, en comparación con la cifra de 2020, cuando fueron 52. (Europa Press)