El régimen nicaragüense emprendió una persecución implacable contra el diario más antiguo de Nicaragua, que derivó en la toma militar de sus instalaciones y equipos, el encarcelamiento de tres de sus directivos y dos de sus trabajadores y que su redacción completa se fuera al exilio para preservar su libertad y poder seguir informando a través de su plataforma digital.

La Prensa denunció que el régimen de Daniel Ortega empezará a usar su histórica rotativa y su imprenta comercial como propia, acción que el periódico calificó de “robo”.

“En los últimos días, La Prensa recibió información extraoficial de que el régimen Ortega Murillo recontrató al personal especializado en el manejo de la imprenta comercial. Además, adquirió insumos para el funcionamiento de estos equipos”, expuso a través de una nota informativa.

“Es un robo porque no existió ninguna base legal para justificar la ocupación ni del edificio ni las maquinarias”, afirmó Enríquez. “Ni siquiera existe base legal para condenar a Juan Lorenzo (Holmann), como gerente general, porque ellos hablan de lavado de dinero, pero no le probaron lavado ni a él ni a La Prensa”.

Añade que “La Prensa nunca estuvo en el juicio contra Juan Lorenzo Holmann, nunca se habló de La Prensa Sociedad Anónima, porque solo lo hicieron contra él y una vez que condenaron a Juan Lorenzo, procedieron a traspasarse las instalaciones, que no son propiedad de esta persona”.

El diario La Prensa se fundó en marzo de 1926 y es el medio de comunicación más importante en la historia de Nicaragua. Ha sobrevivido a los ataques de tres dictaduras.

Durante la dictadura de los Somoza (1936-1979) fue cerrada, sus directivos repetidamente apresados y sus instalaciones bombardeadas. El 10 de enero de 1978, hace 45 años, fue asesinado por sicarios el director, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, un fuerte crítico de la dictadura nicaragüense.

En los años 80, el rotativo fue acosado constantemente por turbas organizadas por la dictadura sandinista, fue víctima de censura previa de aproximadamente el 80 por ciento de su contenido informativo y de un cierre total de 551 días, desde junio de 1986 hasta octubre de 1987, entre otras represalias.

El regreso al poder de Daniel Ortega marcó otra etapa de agresiones. Inicialmente solo fue presionada económica y judicialmente a través de demandas de simpatizantes del régimen, pero a partir de la rebelión ciudadana de 2018, la dictadura de Ortega cortó el ingreso al país del suministro de materias primas para su impresión y posteriormente entabló procesos penales contra tres de sus directivos, incluyendo al gerente general, Juan Lorenzo Holmann.

El 13 de agosto de 2021, patrullas policiales irrumpieron en su edificio, el cual permanecería ocupado militarmente hasta un año después, cuando el régimen anunció la inauguración en ese lugar del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho.

Sin rotativa, el diario impreso desapareció y su redacción quedó informando a través de la página web del periódico. Sin embargo, la cobertura que un equipo de La Prensa realizó el 6 de julio de 2022, sobre la expulsión de las monjas Misioneras de la Caridad que ejecutó el régimen, provocó la persecución del personal. Al menos tres casas fueron allanadas, dos trabajadores fueron llevados a prisión y el resto de personal se fue al exilio por puntos ciegos.

De acuerdo con el diario, el valor los bienes ocupados a La Prensa por el régimen nicaragüense asciende a entre 18 y 20 millones de dólares, en vez de los 10 millones de dólares informados inicialmente, debido a un reciente avalúo, que incluyó el edificio, las maquinarias y equipos decomisados.

“Ellos van por el control absoluto y La Prensa no podía operar en Nicaragua bajo ese esquema”, apunta el editor Eduardo Enríquez, quien tiene dos razones para explicarse el encono de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el diario nicaragüense.

“La candidatura de Cristiana (Chamorro) ellos la vieron como una amenaza. Probablemente fue la amenaza más grande que ellos interpretaron en una contienda electoral, sobre todo por el trauma que tienen por la derrota del 90″. Cristiana Chamorro, directiva de La Prensa, es hija de Violeta Barrios, quien en febrero de 1990 derrotó a Daniel Ortega en las urnas, un hecho que supuso el fin de la revolución sandinista.

La segunda razón que menciona Enríquez es que en actual diseño del poder, el régimen no podía permitirse un medio crítico funcionando dentro de Nicaragua. “Si nosotros pudiéramos trabajar, informar, hacer nuestras investigaciones de siempre, eso les haría mucho daño. Si desde afuera le damos dolores de cabeza, estando adentro se les iba a hacer muy complicado”.

“La Prensa está manos arriba”, afirma su editor jefe para graficar la indefensión en que se encuentra el diario y su personal. “La situación es tan grave en Nicaragua que ni siquiera existen abogados que quieran hacer gestiones para las víctimas de la represión de estos últimos años”, señala.

“No encontrarás un abogado que vaya al Tribunal de Apelaciones a presentar un recurso porque la gente no se quiere exponer”, añade y menciona como ejemplo el caso de Róger Reyes, jurista defensor del opositor preso Félix Maradiaga, “que también está preso por ser el abogado de Maradiaga”.

Queda, por ahora, buscar justicia fuera de Nicaragua. “Se preparó un expediente que se está presentado a organismos e instituciones internacionales. Se planea hacer una presentación este año de los dos casos: el de La Prensa, como empresa, y el de Juan Lorenzo, como persona”, informa Enríquez, quien augura que “probablemente de esta serie de reuniones puede salir una iniciativa” ante tribunales internacionales. (Infobae)