La defensa del presidente del Perú, Pedro Castillo, criticó ayer su imputación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada por considerar que la Constitución otorga inmunidad al jefe del Estado. La Constitución peruana recoge la inmunidad presidencial en su Artículo 117.

«Mi cliente se declara completamente inocente. Esta apertura de la investigación, que no tiene precedente en la historia del derecho peruano, es una clara y abierta violación al Artículo 117 de la Constitución», afirmó el abogado de Castillo, Benji Espinoza.

«Es una investigación que nace muerta porque aquel acto que se realice violando la Constitución y la ley es nulo de pleno derecho», argumentó la defensa de Castillo.

Por ello, emplazó a la Fiscalía a «reflexionar» sobre su decisión de imputar a Castillo y la anule por considerar que no hay antecedentes de algo similar. Los presidentes son investigados siempre al final de su mandato.

«Si la Fiscalía de la nación no lo hiciera, plantearemos una tutela de derechos para llevar esta discusión. Sería la primera vez que se discute a nivel del derecho peruano los alcances del Artículo 117 a través de una decisión del Tribunal Supremo», añadió el abogado.

El fiscal de la nación peruana, Pablo Sánchez, anunció el domingo la apertura de una investigación preliminar contra Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada «sin perjuicio de otros» ilícitos que se puedan advertir en el curso de las indagaciones.

El Ministerio Público informó que Castillo fue incorporado a la investigación que ordenó Sánchez a principios de mayo contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’ por la empresaria Karelim López porque obedecían en todo al mandatario.

En concreto especifica que el presidente «sólo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso salvo en los casos previstos en el Artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral».

La Fiscalía señaló además que se ha ordenado que se tome «la declaración indagatoria» del presidente Castillo, quien ya ha sido notificado de la disposición.

El pasado 6 de mayo, Sánchez abrió investigación preliminar contra los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Moro, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, todos ellos de Acción Popular, por presunto tráfico de influencias, y contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva por presunta colusión.

La Fiscalía investiga si integran una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que estaría liderada por el presidente Pedro Castillo.

Zoraida Ávalos, la anterior fiscal de la Nación, abrió previamente dos investigaciones contra el presidente Castillo, aunque las suspendió hasta el término de su mandato, previsto para julio de 2026. Una fue por las presuntas irregularidades en Petroperú y Provías Nacional, y la otra por los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. (AFP)