Lima.- Las organizaciones profesionales de prensa de Perú manifestaron su rechazo y criticaron al proyecto de ley que prepara el Gobierno y que prevé penas de hasta cuatro años de prisión por difusión de información fiscal.

Para la el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la medida «afectaría todo tipo de investigaciones fiscales», lo que es «a todas luces inconstitucional» y ha destacado que el proyecto «correspondería más bien a un intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados del régimen», según recoge la emisora RPP.

Sin embargo, indicó que esperará a tener el texto definitivo del proyecto para pronunciarse con mayor precisión.

Por su parte, la Federación de Periodistas del Perú (FPP) expresó su rechazo «categórico» al proyecto de ley.

«Rechazamos y condenamos este tipo de coacciones y chantaje periodístico a quienes informan con la verdad. Con este proyecto de ley, estaría perjudicando la labor del periodismo de investigación, en el caso de aprobarse en el Pleno del Legislativo», señaló.

Este proyecto de ley señala que «busca sancionar hasta con cuatro años de prisión efectiva», «minimizar el periodismo de investigación y dejar a la verdad, principio básico de la prensa, catalogarlo como un delito penal y judicializarla en su más máxima expresión».

«Además, los hechos de corrupción del actual gobierno no se podrían salir a la luz, con esta premisa legal, la cual obstaculizaría el derecho a la información», apuntó.

Mientras, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) advirtió de que «afecta de manera directa la actividad periodística en el país».

«En momentos en que en todo el continente la tendencia es transparentar al máximo posible los procesos contra la administración pública y corrupción en la que se encuentren involucrados quienes ejercen o han ejercido función pública, lo que sucede en el país constituye una franca regresión», ha indicado.

«La reserva de las fuentes ha sido esencial para revelar en las últimas décadas hechos de interés público. Pretender vulnerar el secreto profesional no solo es inviable, es inconstitucional. Por ello, deploramos que tanto Ejecutivo y Legislativo, en su condición de poderes del Estado, abandonen su rol garantista de derechos y libertades desnaturalizando su capacidad, propia o delegada, de legislar», remarcó.

En tanto, desde el Colegio de Periodistas del Perú expresó su rechazo a la iniciativa, que implica «un riesgo y amenaza latente contra la libertad de expresión».

«El proyecto del Ejecutivo, que bien puede ser calificado como una ‘ley mordaza’, vulnera no solo la legislación nacional, (sino que) también colisiona con la filosofía y estándares de la Libertad de Expresión y el Estado de Derecho en el hemisferio que suscribe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tiene carácter vinculante para el Perú, así como la Declaración de Chapultepec cuando se establece el principio que no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa, resaltando que el ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo», indicó.

«Por tal motivo, el Colegio de Periodistas del Perú rechaza este proyecto de ley que solo busca legalizar el secretismo y la intimidación en los casos mediáticos de corrupción que los medios de comunicación, periodistas y comunicadores difunden en bien de la salud moral del país», añadió.

El jefe del Gabinete del Gobierno peruano, Aníbal Torres, anunció el pasado viernes la presentación ante el Congreso del proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal sobre casos penales. La norma fue aprobada en la última sesión del Consejo de Ministros.

«Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es público y no hay reserva», explicó. (Europa Press)