El informe “Imagen del poder”, elaborado por la organización no gubernamental argentina Directorio Legislativo, concluyó que en los primeros meses de 2022, en la mayoría de los países de América Latina, se mantuvieron en aumento los niveles de desaprobación altos o muy altos con respecto a sus gobiernos.

Incluso, aquellos jefes de Estado que están transitando la etapa inicial de sus mandatos han experimentado caídas aceleradas de aprobación.

Según indicó, esta tendencia “es una novedad” en la región. Durante siete años, desde 2002 a 2009, la aprobación de gobierno, en promedio, aumentó de 36 % a 60 % entre los 18 presidentes latinoamericanos. Sin embargo, ese panorama empezó a cambiar a partir de 2010.

El ranking de presidentes latinoamericano con mayor nivel de aprobación lo lidera el mexicano Andrés Manuel López Obrador (56 %), seguido por el uruguayo Luis Lacalle Pou (50 %), chileno Gabriel Boric (39 %), el ecuatoriano Guillermo Lasso (32 %), el brasileño Jair Bolsonaro (30 %), el colombiano Iván Duque (26 %), el argentino Alberto Fernández (25 %) y el peruano Pedro Castillo (22 %).

En tanto, el listado de desaprobación lo encabeza Castillo (71 %), seguido por Duque (69 %), Fernández (60 %), Bolsonaro (53 %), López Obrador (41 %) y Boric (41 %).

El informe muestra que, en términos netos, descontando el porcentaje de desaprobación al porcentaje de aprobación, solo López Obrador quedó en terreno positivo, con un 15 %. Mientras que el mayor nivel neto de desaprobación lo posee Castillo (-49 %), seguido por Duque (-39 %), Fernández (-35 %), Bolsonaro (-23 %) y Boric (-2 %).

Estos datos corresponden a las últimas mediciones bimestrales del periodo marzo-abril. En el lapso enero-febrero, los mandatarios con mejor imagen en la región fueron Nayib Bukele, de El Salvador, con un 84 %, y Luis Abinader, de República Dominicana, con un 67 %. No obstante, en estos dos países no hay datos registrados en el último bimestre.

En los casos de los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega hay pocos datos. El último registro del venezolano es del bimestre noviembre-diciembre de 2020, cuando reportó una imagen negativa del 82 %. En el caso del nicaragüense, entre septiembre y octubre del año pasado, la desaprobación a su gestión ascendió al 64 %, según el informe de Directorio Legislativo.

Cuando se advierte que ya no alcanza con históricos partidos políticos para sostener la gobernabilidad, uno de los casos más actuales que evidencia esto es el de Argentina, donde cada vez son más grandes las diferencias entre los sectores más alineados con el presidente Alberto Fernández y los encolumnados detrás de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta fractura, agravada por las diferentes perspectivas sobre el plan económico, sumado a los altos índices de inflación y a los malos resultados obtenidos por el oficialismo en las últimas elecciones de medio término llevaron al mandatario argentino a ubicarse en el podio de los líderes con mayor desaprobación.

En Chile, por su parte, aunque el presidente Boric “intentó ganar músculo político y legislativo” al sumar a su gabinete a funcionarios de diversos espacios, los primeros meses del joven mandatario no han sido fáciles. Por un lado, las perspectivas económicas son desalentadoras, con una inflación estimada del 10 %. El Ejecutivo también está haciendo frente a una escalada de violencia en el sur del país, a raíz de los conflictos con los mapuches, y a un descontento con el proceso de reforma constitucional.

Otros países donde en los últimos meses crecieron los problemas por la inseguridad y el estado de emergencia son El Salvador, Perú, Ecuador y Costa Rica. Tal vez el caso de mayor preocupación es el de El Salvador, donde en el mes de marzo una serie de asesinatos y episodios violentos atribuidos a la organización criminal de la Mara Salvatrucha “conmocionaron a la ciudadanía y alteraron el orden interno”. Por ese motivo, Bukele declaró el estado de emergencia en el país.

Los parlamentarios que responden a Bukele aprobaron en la Asamblea una “ley mordaza” que penaliza con 10 a 15 años de prisión la difusión de mensajes alusivos a los grupos criminales tanto a través de medios escritos como medios de comunicación digital. (Infobae)