El Congreso peruano aprobó anoche una reforma constitucional que posibilitaría el adelanto de elecciones generales, tras la propuesta de la presidenta, a abril del 2024, en medio de protestas por la destitución y arresto del exmandatario izquierdista Pedro Castillo.

La propuesta de reforma fue aprobada por 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención, y ahora el Congreso tendrá que realizar una segunda votación en una fecha aún por definir para refrendar en forma definitiva las elecciones anticipadas.

La votación mínima para dar luz verde a una reforma constitucional, y poder convocar a unas elecciones para elegir a un presidente o presidenta y a un nuevo Congreso, es de al menos 87 votos, dos tercios de los miembros del parlamento.

El Congreso, dominado por la oposición, había rechazado la semana pasada la posibilidad de realizar elecciones anticipadas, pero el martes decidió reconsiderar la iniciativa planteada por la nueva presidenta Dina Boluarte al asumir el mandato.

Boluarte asumió al cargo el 7 de diciembre luego de la expulsión y arresto de Castillo, quien intentó de forma ilegal disolver el Congreso y reorganizar el sistema judicial.

Tras tomar el mando, Perú fue sacudido por violentas protestas en varias regiones del país, que han dejado al menos 21 muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en tanto que se reportaron otros seis fallecidos en incidentes relacionados con los bloqueos de carreteras, según las autoridades.

En las protestas, los manifestantes reclaman elecciones inmediatas y el cierre del Congreso, y otros piden además la libertad de Castillo y la renuncia de la presidenta Boluarte.

Legisladores, en su mayoría de izquierda, se opusieron a la propuesta de adelanto elecciones porque querían que se incluyera también la creación de una asamblea constituyente, una idea que ha sido rechazada por la presidenta Boluarte.

La asamblea constituyente ha sido un deseo de los partidos izquierdistas por muchos años, en busca de cambiar la actual Constitución -vigente desde 1993 y favorable a una economía de libre mercado-, para darle un rol más activo al Estado.

CRISIS DIPLOMÁTICA

Mas temprano, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, Jorge Salas, había afirmado que sacrificando requisitos importantes previos se podrían realizar unas elecciones generales en un plazo más corto, a fines del 2023.

“El sistema electoral se encuentra en posibilidad de asumir ese reto, pese a las dificultades que connota, con la finalidad de apoyar en la tarea colectiva de sembrar la paz”, afirmó.

En tanto, la situación del expresidente Castillo generó una crisis diplomática regional luego de que el Gobierno declaró como persona no grata al embajador de México en Lima y le dio 72 horas para que abandone la nación andina ante la constante “injerencia” en los asuntos internos del país.

Tras el anuncio, el gobierno mexicano instruyó a su embajador en Lima regresar al país. La cancillería añadió que la misión mexicana en Perú seguirá operando con normalidad.

México había dicho más temprano que concedió asilo político a la familia del expresidente Castillo en la embajada de ese país en Lima. Castillo tiene dos hijos menores y ha convivido con una de sus cuñadas que considera como “su hija”.

El exgobernante se encuentra en prisión preventiva por 18 meses mientras es investigado por rebelión, delito que él niega.

La policía y las fuerzas armadas peruanas han sido acusadas por grupos de derechos humanos de usar armas de fuego mortales y lanzar bombas de humo desde helicópteros. El ejército dice sin embargo que los manifestantes, la mayoría en el sur andino de Perú, han usado armas y explosivos caseros.

Pese a que la nueva crisis no ha golpeado dramáticamente a la moneda local, se teme que las protestas, las peores en muchos años en el país andino, amenacen con desestabilizar la estabilidad económica y política de Perú y dañar la confianza de los inversionistas en el segundo productor de cobre del mundo. (Lima, Reuters).