Con 102 votos a favor y ocho abstenciones, el Parlamento andino aprobó el informe final que recomienda formular una denuncia constitucional por la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas que no cumplían los estándares requeridos para diagnosticar con certeza el coronavirus.
Como resultado de la votación, el caso será llevado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) donde, de ser encontrado responsable, se les podría imponer una sanción máxima de inhabilitación de hasta diez años para el ejercicio de la función pública.
El exmandatario peruano Martín Vizcarra, así como la exministra de Salud Elizabeth Hinostroza y la exministra de Economía María Antonieta Alva, se habrían reunido con representantes del sector salud y empresas privadas a fin de concertar la adquisición de pruebas serológicas, contrario a las políticas de salud entonces vigentes que no recomendaban el uso de este tipo de pruebas para detectar la covid-19.(Europa Press)