Un tribunal revolucionario de Teherán condenó a muerte ayer a un detenido por quemar una sede gubernamental durante la ola de protestas contra la muerte en prisión de la joven Mahsa Amini el 16 de septiembre, en lo que supone la primera sentencia de este calibre desde el inicio de las manifestaciones.

Aunque no identifican a la víctima, indican que la sentencia se dictó en relación con los cargos de incendiar un edificio gubernamental, alterar el orden público, reunirse y conspirar para cometer un delito contra la seguridad nacional, y ser enemigo de Dios y de corrupción en la tierra, este último delito castigado con la ejecución.

Asimismo, el tribunal también ha condenado a cinco personas a penas de entre cinco y diez años de prisión por alteración del orden público.

Más de 15.000 iraníes fueron detenidos y otros cientos fallecieron en casi dos meses de protestas, según estimaciones de la agencia de noticias activista Hrana. Las manifestaciones que comenzaron en respuesta al presunto asesinato policial de Amini se convirtieron en un amplio movimiento contra los líderes clericales del país. Las autoridades exigieron duros castigos para los manifestantes, a los que llaman alborotadores y trataron de culpar de los disturbios a potencias extranjeras.

Algunos de los detenidos son puestos en libertad con una multa. Otros son juzgados en un tribunal penal. Pero los presos políticos suelen enfrentarse a estos temidos tribunales revolucionarios, un sistema paralelo creado para proteger a la república islámica, dijo a The Washington Post Hadi Enayat, sociólogo político especializado en derecho iraní.

Los tribunales revolucionarios son conocidos por sus «atroces violaciones de las garantías procesales», señaló Tara Sepehri Far, de Human Rights Watch. El Estado utiliza los juicios como un elemento más para dar forma a su narrativa sobre las protestas.

Al igual que en el pasado, los grupos de derechos humanos esperan que sean juicios falsos, basados en pruebas fabricadas y confesiones realizadas bajo coacción o tortura.

Irán es uno de los principales verdugos del mundo. Al menos 314 personas fueron ejecutadas en 2021, según Amnistía Internacional, aunque la cifra real es probablemente mayor.

En diálogo con The Washington Post, Hossein Raisi, ex abogado en Irán y ahora profesor de derechos humanos en la Universidad de Carleton en Ottawa, explicó que el sistema jurídico de Irán se basa en una interpretación fundamentalista de la ley islámica.

El Ministerio de Inteligencia y el ala de inteligencia de la IRGC participan a menudo en los interrogatorios y en la recogida de pruebas, en violación de la ley iraní, dijo Raisi. Pero en tiempos de disturbios, dijo, las autoridades abandonan toda pretensión de seguir el procedimiento penal. (Infobae)