Norte de Santander (Colombia).- Bajo un sofocante calor soldado del Ejército de Colombia, con trajes camuflados y máscaras anticovid, caminan a través de la densa vegetación con sus fusiles de asalto listos para responder un eventual ataque de sus numerosos enemigos en la frontera con Venezuela.

Los soldados son parte de una nueva unidad militar de 14.000 efectivos lanzada para detener la creciente violencia en el departamento de Norte de Santander, una región del noreste de Colombia más grande que El Salvador, convertida en el nuevo epicentro del conflicto armado impulsado por el aumento de la producción de cocaína.

«Son muy peligrosos los patrullajes en la frontera con Venezuela porque cualquier grupo ilegal involucrado en el narcotráfico y con presencia en la zona nos pueden atacar», dijo un sargento con 20 años de antigüedad en el Ejército, mientras se protegía del sol bajo la sombra de un árbol, cerca de un río que divide a Colombia y Venezuela.

Las explosiones de minas antipersonales, las emboscadas y los combates han dejado 16 militares y 19 integrantes de grupos armados ilegales muertos durante 2021 en Norte de Santander, además de decenas de heridos en alrededor de 30 ataques, según estadísticas del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, el aumento de tropas y el esfuerzo de los militares no necesariamente podría ser la táctica correcta: la erradicación de los cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, está cayendo en medio de la resistencia de los campesinos de la región que aseguran no tener otras alternativas para vivir.

Además, el Ejército de Colombia tiene un historial de acusaciones por cometer abusos a los derechos humanos en su lucha contra la guerrilla izquierdista, narcotraficantes y bandas criminales en medio de un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.

El presidente Iván Duque acusa al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro de suministrar refugio a los grupos armados ilegales en su territorio, permitiendo el tráfico de cocaína a Estados Unidos y Europa a cambio de una parte de las ganancias.

La colapsada economía de Venezuela y el crimen desenfrenado también aumentan la violencia en la frontera, dicen las autoridades colombianas. Reuters mostró en una reciente investigación cómo la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) funciona como gobierno local de facto y principal empleador en algunas localidades venezolanas.

Caracas niega enérgicamente su responsabilidad y Maduro dijo en octubre que lo que existe en la frontera son «terroristas armados narcotraficantes», grupos que definió como una estrategia de la oligarquía colombiana para infiltrar y desestabilizar a Venezuela con ataques.

INESTABILIDAD

Colombia espera que la estrategia militar en Norte de Santander proporcione una hoja de ruta para pacificar otras regiones de la nación de 50 millones de habitantes que aún enfrenta un conflicto armado, ahora fragmentado en batallas locales en las que participan guerrilleros y bandas criminales vinculadas al narcotráfico.

«En Norte de Santander confluyen varios factores de inestabilidad. El primero la presencia de grupos armados organizados (…) y el narcotráfico. Norte de Santander es uno de los departamentos que tiene una mayor concentración de cultivos ilícitos», indicó a Reuters el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro.

La porosa frontera de 2.219 kilómetros y la débil aplicación de la ley en Venezuela permiten al ELN y los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazaron un acuerdo de paz en 2016 atacar en Colombia y huir al país vecino para ponerse a salvo, explicó el oficial en una reciente entrevista en su oficina de Bogotá.

Buscar refugio en Venezuela los protege de los bombardeos aéreos, la principal arma de las Fuerzas Militares para combatir a los rebeldes en otras partes de Colombia.

«Es un factor de inestabilidad que la retaguardia estratégica de estas estructuras esté en estados limítrofes venezolanos. Eso hace que sea difícil combatirlos», aseguró Navarro.

De acuerdo con las Fuerzas Militares, aproximadamente la mitad de los 2.350 combatientes del ELN y un 30% de los 2.400 de las disidencias de las FARC están en Venezuela.

Del lado colombiano, los grupos armados ilegales luchan entre sí por el control de la creciente producción de coca. La región de Catatumbo, con más de 40.000 hectáreas, tiene capacidad para producir 312 toneladas de cocaína por año, una cuarta parte del total de Colombia, según cifras de la ONU.

Además de las disidencias de las FARC y el ELN, en la zona tienen presencia las bandas criminales del Clan del Golfo y Los Pelusos.

Los homicidios en Norte de Santander aumentaron a 576 el año pasado, en comparación con 539 en 2019. Hasta septiembre de este año, 436 personas fueron asesinadas, según cifras oficiales.

Veintidós activistas de derechos humanos han sido asesinados desde principios de 2020, mientras que los frecuentes combates entre rebeldes de izquierda, bandas criminales y el Ejército han desplazado a unas 6.500 personas, de acuerdo con reportes de grupos de derechos humanos.

«Lo que está de fondo en esta violencia desbordada es toda esta dinámica de criminalidad», dijo Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, un grupo de derechos humanos con sede en Cúcuta, la capital de Norte de Santander.

REBELDES

La conflictividad de la zona ganó notoriedad en junio cuando rebeldes disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) detonaron un carro bomba en una brigada militar de la ciudad de Cúcuta y luego un francotirador intentó derribar con disparos de fusil un helicóptero en el que viajaba el presidente Duque y otros funcionarios.

El comandante disidente de las FARC, Jhon Mechas, asumió recientemente la responsabilidad de los atentados contra el cuartel y el helicóptero de Duque, diciendo que eran una protesta por la presencia militar de Estados Unidos.

Es posible que la reciente captura de «Otoniel», el máximo líder del grupo armado ilegal «Clan del Golfo» que según la policía tiene conexiones para el envío de cocaína en 28 países de cuatro continentes, no detenga la violencia.

El arresto incluso podría aumentarla, según analistas, ya que la banda criminal integrada por algunos exparamilitares de derecha podría tomar represalias contra las Fuerzas Armadas o comenzar una lucha interna por el control de la organización. (Reuters)

Inversión social

El consultor de seguridad John Marulanda, un coronel retirado del Ejército, apuntó que los grupos armados atacan objetivos de alto perfil para alejar a las autoridades de las zonas de producción de cocaína y despejar las rutas de envío de la droga hacia pistas clandestinas de aterrizaje en Venezuela.

Además, el Comando Específico de Norte de Santander (CENOR) reunirá a cuatro unidades del Ejército que antes operaban en forma separada, lo que según mandos militares permitirá una mejor coordinación de la logística y la inteligencia con más patrullas, operaciones ofensivas y apoyo aéreo.

«Vamos a arreciar las operaciones especiales, las operaciones ofensivas, también de control territorial contra todas las estructuras, contra la cadena del narcotráfico», dijo el general Fabio Leonardo Caro, comandante del CENOR, al ser preguntado sobre la estrategia para contrarrestar la violencia.

El Ejército dice que el aumento de tropas, con asesores militares estadounidenses en el terreno, irá de la mano con inversiones en carreteras, escuelas y otros programas sociales.

Pero los planes tienen detractores. Los activistas aseguran que más tropas en la región significa poco sin medidas contra la pobreza y más apoyo para la sustitución voluntaria de los cultivos de coca.

«Está comprobado que es un fracaso insistir en la militarización del territorio como respuesta única a estos problemas», dijo Cañizares, de la Fundación Progresar.

«Está probado que, si no hay respuestas integrales que ataquen problemas estructurales que son el caldo de cultivo de estas estructuras ilegales, de bandas criminales, de organizaciones guerrilleras, de grupos paramilitares, no va a funcionar», agregó Cañizares.

Cultivos de coca

Campesinos de los alrededores de Tibú, que con unas 19.000 hectáreas es el municipio con más cultivos de hoja de coca en Colombia, tomaron recientemente como rehenes por varias horas a 180 soldados en una misión de erradicación para evitar la destrucción de sus cosechas, que aseguran es la única forma de sobrevivir ante la falta de alternativas y de carreteras.

Y los esfuerzos de erradicación en Norte de Santander están cayendo con una reducción a un poco más de 3.000 hectáreas de hoja de coca en lo que va del año desde 9.498 en 2020, según cifras oficiales.

Las cifras del Ministerio de Defensa y del Ejército también muestran que la cantidad de laboratorios para producir cocaína destruida, generalmente en lo profundo de la selva, fue de 458 en los primeros nueve meses de este año, en comparación con 694 en 2020.

Pero la incautación de 24,8 toneladas de cocaína en Norte de Santander en lo que va de este año superó las 16,6 decomisadas en 2020 y las 22,4 del 2019. El aumento se debe en parte a una mayor producción, a más controles en las carreteras, así como a la mejora de los datos satelitales suministrados por Estados Unidos, según fuentes militares en la región.

Mientras los campesinos de la zona claman por títulos de propiedad de las tierras, créditos y obras, las autoridades insisten en que la estrategia de seguridad estará respaldada por inversiones sociales y un programa de sustitución voluntaria de cultivos.

El Gobierno Nacional está invirtiendo más de 150 millones de dólares en carreteras, escuelas, hospitales, acueductos y electrificación. La inversión para la región incluye un proyecto de siembra de cacao que suministra semillas a los agricultores, asistencia técnica y ventas garantizadas a precio fijo.

«Consideramos de suma importancia que le demos la oportunidad a los campesinos que hoy están sembrando hoja de coca para que tengan alternativas de generación de ingresos diferentes», dijo el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano.

«En esa medida, con inversión social, con control territorial, pero también con alternativas diferentes en desarrollo económico, vamos a poder superar estos fenómenos», concluyó.