Chile desplegará desde el lunes a sus Fuerzas Armadas en las fronteras con Perú y Bolivia en un intento por controlar el ingreso masivo de migrantes a través de pasos no habilitados en estas zonas.

“Vamos a estar recorriendo algunos de los lugares del despliegue el próximo lunes, viendo cómo se va a apoyar este trabajo de las Fuerzas Armadas”, adelantó la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre la medida que inicialmente estará vigente por 90 días.

Los operativos se montarán puntualmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, según detalló el decreto difundido por el gobierno de Gabriel Boric, y de ser necesario podrá ser extendido con la aprobación del Congreso, una vez concluidos los tres meses iniciales.

Las unidades militares realizarán controles de identidad a quienes transiten la zona y podrán detener a quienes ingresen o salgan por un paso no habilitado de la frontera. Según precisó el alcalde del municipio de Colchane, Javier García, por ese punto llegan a Chile a través de pasos irregulares cerca de 400 personas cada día.

En ese sentido, señaló que el país registra un incremento significativo de inmigrantes de países cercanos, principalmente de venezolanos.

Colchane es un poblado andino que limita con Bolivia y es el más utilizado por los extranjeros para ingresar a Chile. Sin embargo, en los últimos años murieron decenas de personas a causa de los peligros a los que se exponen con estos operativos ilegales. Por su parte, quienes logran llegar a las ciudades chilenas se instalan en carpas y plazas o, inclusive, caminan a la deriva en busca de ayuda.

La medida, sin embargo, no fue bien recibida entre las autoridades de la zona, que adelantaron que no será efectiva para resolver la cuestión migratoria, aunque sí para reforzar la seguridad en el norte del país y, en su lugar, reclamaron otras disposiciones que sí permitan hacer frente a este problema.

El gobernador de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, comentó que sería efectivo establecer medidas paralelas, una mayor participación de las autoridades locales y comunicación fluida con los países vecinos.

Las decisiones sobre esta ley “nuevamente se tomaron a más de 2.000 kilómetros de donde está el problema, por lo que no se tomó el parecer de las autoridades regionales o la sensación de cómo esto podría materializarse o practicarse”, declaró en entrevista.

En ese sentido, se mostró decepcionado con lo anunciado ya que, en realidad, esperaban que los militares pudieran impedir el ingreso al país por los pasos irregulares y no realizar controles que serán difíciles de implementar ya que en su mayoría se trata de personas indocumentadas.

“Creo que va a ser muy complejo que la medida funcione. Yo espero que sí, tengo la máxima esperanza de que suceda bien, pero será muy complejo desde lo práctico”, agregó.

También, advirtió del efecto contrario que el decreto podría tener ya que luego de registrar a los migrantes, serán detenidos y llevados a un recinto policial, donde se llevará a cabo el proceso de reconducción, al cual señala de totalmente fracasado.

La medida que próximamente comenzará a regir en el norte de Chile se suma a otras ya implementadas por el Ejecutivo, como la de Sebastián Piñero que incluyó la ampliación de una zanja de 600 metros construida seis años atrás cerca de Colchane. (Infobae).