La plataforma Safety of Journalists, asociada al Consejo de Europa, denunció que cárceles de los países europeos albergaban un total de 127 periodistas hasta finales del año 2022, donde destacan los 52 profesionales presos en Turquía y el español Pablo González en Polonia, preso desde más de un año en el marco de la guerra en Ucrania.

Dicha instancia publicó ayer un informe titulado “Guerra en Europa y la pelea por el derecho a informar” que, si bien está centrado en la situación derivada por la guerra en Ucrania, alberga recomendaciones para el conjunto de países miembro del organismo y también para las instituciones de la Unión Europea.

Además de los 52 periodistas detenidos en Turquía, el país que más profesionales de la información mantiene presos, el informe también incide en los 32 detenidos en Bielorrusia, 22 en Rusia y otros 14 en territorio ucraniano. En el caso de Polonia solo se tiene constancia de un periodista preso, el español González.

“A lo largo de 2022, la plataforma publicó 289 alertas sobre amenazas graves o ataques a la libertad de prensa en 37 Estados, con periodistas asesinados, encarcelados, atacados, hostigados y sometidos a campañas de difamación”, añade el organismo.

Así, la plataforma informó de que a lo largo del pasado año registró un total de 74 alertas sobre ataques a la integridad física de periodistas, el 26 por ciento de las alertas totales. Tras esto, el segundo motivo son las 94 alertas por casos de hostigamiento e intimidación, el 32 por ciento del total.

En las recomendaciones para el propio Consejo de Europa, el informe incide en la necesidad de aplicar una serie de “protecciones legales y prácticas para la seguridad de los periodistas y la protección del periodismo”, centradas principalmente en enfoques dirigidos a erradicar la impunidad.

Asimismo, se considera primordial elaborar un inventario del estado de los medios de comunicación de servicio público de los Estados miembro del Consejo de Europa para así poner negro sobre blanco si tiene autonomía editorial e institucional y si su financiación es estable, adecuada y transparente.

Para los Estados miembro, el informe también aboga por implementar medidas efectivas de protección para aquellos profesionales que sean objeto de amenazas físicas y para quienes sufran abusos por parte de las autoridades, así como revisar y aplicar las políticas sobre Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), normalmente encaminadas a silenciar a periodistas.

En tercer lugar, Safety of Journalists recomendó a las instituciones de la Unión Europea asegurarse de la adopción de la Ley Europa de Libertad de Medios, poniendo la mirada especialmente en erradicar las injerencias externas, la protección de la independencia editorial y la transparencia de las estructuras de propiedad. (Europa Press).