La comisión ha expresado su «preocupación» ante los «graves hechos» ocurridos en el Centro de Privación de la Libertad Guayas No. 1, que resultaron en al menos 68 presos fallecidos, mientras que ha urgido a adoptar «medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de quienes están bajo su custodia; a investigar estos hechos, identificar y sancionar a los responsables; y a prevenir su repetición».

En un comunicado compartido ayer, la CIDH informó que viajará al país latinoamericano en una visita de trabajo del 1 al 3 de diciembre para analizar la situación de los presos ecuatorianos, que enfrentan altos niveles de violencia.

En el contexto del repunte de la violencia carcelaria, la CIDH detalló que «toma nota de las medidas de seguridad adoptadas por el Estado para recuperar el orden» de la prisión en la que se ha registrado el último incidente con «el despliegue de cerca de 1.000 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, distribuyéndose 500 policías en el interior del centro y 400 en el perímetro, y personal de las Fuerzas Armadas en el exterior».

Estas acciones «habrían logrado recuperar el control de todos los pabellones de la cárcel», ha lamentado el organismo. Además, ha recordado al Gobierno su deber de «implementar acciones efectivas para prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en centros de privación de la libertad, así como prevenir el accionar de organizaciones delictivas con presencia en instalaciones penitenciarias e incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia interior», entre otros.

A su vez, mostró también preocupación por la declaración de huelga de hambre de algunos presos en las cárceles de Turi y Cotopaxi en rechazo a los hechos de violencia, una huelga que, sin embargo, ya habría concluido, según la información del Gobierno.

Los conflictos este año comenzaron el pasado mes de febrero cuando en una operación organizada se registraron cuatro motines simultáneos en las cárceles de Guayas, Azuay y Cotopaxi, dejando ochenta presos muertos, la mayoría de ellos decapitados, debido a una lucha por el control tras el vacío de poder dejado por ‘Los Choneros’ con la muerte en diciembre de 2020 de su líder, un tal ‘Rasquiña’.

Entre abril y julio se registraron más rebeliones en centros de Guayaquil y Lacatunga, con una treintena más de reclusos muertos, llevando al presidente Lasso a decretar el estado de emergencia para el sistema penitenciario. Dos meses después se rompió lo que parecía ser una aparente tregua y se produjo hasta ahora el incidente más sangriento de todos, el de la Penitenciaría del Litoral. (Europa Press)