Jartum.- La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, describió ayer como «profundamente preocupante» el golpe de Estado de octubre en Sudán y ha pedido al Ejército que «dé marcha atrás» tras la «traición» a la revolución de 2019, que se saldó con el derrocamiento de Omar Hasán al Bashir.

Bachelet destacó que la asonada «contraviene tanto el Derecho Humanitario como el Documento Constitucional de Sudán y otros documentos fundacionales de la transición» pactada tras el golpe que derrocó en abril de 2019 a Al Bashir, que derivó en la creación de unas autoridades de transición integradas por civiles y militares.

«Pido a los líderes militares de Sudán y a quienes les respaldan que den marcha atrás para permitir al país volver al camino del progreso hacia las reformas institucionales y legales», dijo, antes de agregar que «durante los dos últimos dos años se han registrado importantes progresos hacia la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras comisiones independientes clave contempladas en el Documento Constitucional, incluido sobre justicia de transición, tierra, mujer e igualdad de género, reformas legales y corrupción», ha sostenido.

Así, hizo hincapié en que desde el golpe de Estado «ha recordado la sombría página de la historia del país en la que la libertad de expresión fue limitada y los Derechos Humanos fueron reprimidos de forma amplia», al tiempo que ha denunciado que «numerosas personas, entre ellos ministros, miembros de partidos políticos, abogados, activistas, periodistas, defensores de los Derechos Humanos y líderes de las protestas han sido arrestados y detenidos».

Bachelet manifestó que el primer ministro, Abdalá Hamdok, detenido durante la asonada, continúa bajo arresto domiciliario y ha añadido que «el paradero de la mayoría de los arrestados sigue siendo desconocido, dado que han estado en aislamiento, sin acceso a abogados o familiares, lo que suponen desapariciones forzosas que agravan su arresto arbitrario».

Por ello, reseñó que «todos los detenidos y arrestados desde el golpe de Estado militar deben ser liberados inmediatamente» y ha dicho que «esto es esencial para el inicio de un diálogo necesario urgentemente y para la rápida vuelta al mandato civil».

Bachelet denunció además que las «masivas» manifestaciones contra la asonada han sido reprimidas «en muchas ocasiones» con «un uso excesivo de la fuerza, incluido el uso de fuero real», incidentes que se han saldado con trece muertos y más de 300 heridos a manos de las fuerzas de seguridad desde el 25 de octubre.

«Este uso desproporcionado y mortal de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) –una formación paramilitar liderada por el ‘número dos’ del ahora disuelto Consejo Soberano de Transición, Mohamed Hamdan Dagalo– y otras fuerzas de seguridad debe terminar inmediatamente», dijo.

«Los responsables de estos y otras violaciones de los Derechos Humanos deben rendir cuentas por sus acciones», resaltó Bachelet, quien ha denunciado además el «arresto, acoso, amenazas y agresiones» contra «muchas activistas» durante las manifestaciones.

Por otra parte, señaló que «agentes de las fuerzas de seguridad vestidos de civil han actuado contra actores clave en el espacio cívico» y apuntó que las oficinas de diversos medios han sido objetivo de redadas.

«Me han informado de que todas las emisoras y cadenas de televisión del país han dejado de emitir, con excepción de la Televisión Nacional de Sudán y Omdurman Radio, que están controladas por las autoridades militares», arguyó.

EL GOLPE

El jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, encabezó el 25 de octubre un golpe de Estado tras semanas de tensiones entre los elementos civiles y militares de las autoridades de transición, medida que ha sido condenada internacionalmente y que ha desencadenado masivas manifestaciones, reprimidas por la fuerza y dejando varios muertos.

El líder golpista afirmó la semana pasada que Hamdok es «el primer candidato» para encabezar el nuevo Ejecutivo, que podría ser anunciado esta semana. Sin embargo, su Gobierno sigue afirmando que es la autoridad legítima y ha rechazado cualquier contacto con los militares.

Sudán fue escenario a mediados de septiembre de un intento de golpe, según apuntaron las autoridades de transición, a cargo de un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas supuestamente vinculados con el expresidente Omar Hasán al Bashir, derrocado en 2019 en una asonada tras meses de masivas manifestaciones en su contra.

Las autoridades de transición fueron instauradas tras un acuerdo entre la junta militar anterior, surgida tras el golpe de Estado de 2019, y diversas organizaciones civiles y formaciones políticas opositoras. Este Gobierno ha iniciado una batería de reformas sociales y económicas y ha alcanzado un acuerdo de paz con importantes grupos rebeldes de Darfur y otras zonas del país. (Europa Press)

Justicia de transición

En otro orden de cosas, ha descrito como «significativa» la detención de numerosos miembros del Comité para el Desmantelamiento del Régimen del 30 de Junio de 1989 -en referencia al régimen de Al Bashir- y de la Comisión Anticorrupción y de Recuperación de Fondos Públicos desde la asonada.

«Esto sugiere que los líderes militares han intentado revocar los compromisos con la justicia de transición, las reformas institucionales, contra la corrupción y la garantía de no repetición de abusos pasados que estaban incluidos en el Documento Constitucional», valoró.

Asimismo, dijo que la asonada afecta negativamente al acuerdo de paz firmado en octubre de 2020 con varios grupos rebeldes y a la situación en Darfur, después de que al menos dos de los grupos firmantes hayan amenazado con retirarse del acuerdo y ante la posibilidad de que otros grupos que pudieran sumarse al mismo se hayan visto desalentados por el alzamiento.

«Recuerdo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que cualquier tensión entre estos actores armados podría exacerbar las tensiones sobre el terreno en Darfur, lo que podría suponer nuevamente una amenaza directa para los civiles en esta región», sostuvo.

Bachelet destacó la existencia de conversaciones en marcha entre civiles y militares en Jartum para buscar una solución a la crisis y ha incidido en que su oficina ha estado «profundamente implicada» a la hora de dar ayuda a las autoridades de transición antes de su derrocamiento.