En medio de la polémica por la agresión sexual denunciada la semana pasada en Montevideo, referentes y asociaciones levantaron la voz ante una decisión de la Fiscalía que atenta contra el oficio periodístico.

Periodistas, activistas y organizaciones denunciaron ayer el allanamiento a la radio de Uruguay Azul FM y a la casa del conductor del programa La Pecera, Ignacio Álvarez, por difundir audios vinculados al caso de la violación grupal ocurrida la semana pasada en el barrio Cordón de Montevideo.

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) expresó en su cuenta de Twitter «gran preocupación» por el allanamiento «en el marco de la investigación de un presunto delito» y agregó: «Preocupa el procedimiento utilizado para la obtención de pruebas en el marco de esta investigación de oficio ordenada por la fiscalía, porque puede derivar -entre otras graves consecuencias- en la violación de un principio sagrado para el trabajo periodístico como lo es la reserva de fuentes».

También el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que «los allanamientos a un medio de comunicación y a la casa de un periodista son hechos muy graves que afectan la libertad de expresión» y agregó que lo «sorprenden» y lo «rechaza totalmente».

«Tuve, tengo y seguramente seguiré teniendo muchas discrepancias periodísticas con Ignacio Álvarez. Debatir entre pares el oficio es una cosa. Bienvenido sea. Pero de NINGUNA MANERA voy a avalar que se allane un medio de comunicación. Hay formas y formas. Esto NO», escribió a su vez la periodista uruguaya Patricia Madrid.

Los allanamientos se llevaron adelante después de que el martes pasado Álvarez difundiera audios de contenido íntimo grabados por los imputados por abuso sexual especialmente agravado a una mujer de 30 años, en un caso que conmocionó al país en los últimos días. Esas grabaciones presuntamente probarían que se trató de una relación sexual consentida, y no de una violación.

El periodista afirmó que la orden de allanamiento fue para acceder a «comunicaciones en las que se reciba o ceda material reservado» y rechazó entregar su teléfono. «No entregué mi celular y voy recurrir a la Justicia», dijo en su cuenta de Twitter.

Álvarez afirmó el viernes que «la Justicia libró una peligrosa orden que atenta contra la libertad de prensa». Y añadió: «Mandaron a la Policía a confiscar toda la información que tiene mi equipo periodístico, entre la que hay denuncias contra políticos y gobernantes, identidad de fuentes, de víctimas de delitos. Así, con esa orden ilegal e inconstitucional pretenden forzarnos a revelar nuestras fuentes».

Tras la difusión de los audios por parte de La Pecera, el fiscal de Corte, Juan Gómez, dispuso el miércoles el inicio de una investigación penal. La actuación de oficio fue ante la «presunta vulneración» del artículo 92 de la Ley de Violencia de Género. «El que difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría», dice el texto.

Una mujer de 30 años denunció haber sido víctima de una violación grupal en Montevideo en la noche del 23 de enero, después de haber conocido a un hombre en un bar e ir a su apartamento para mantener relaciones sexuales con él.

La Fiscalía informó que el relato de la mujer es coherente y que coincide con lo sucedido. Los detenidos se negaron a una prueba de ADN, así que para realizarla de todas formas se recurrió a una autorización judicial.

El caso ha despertado una gran expectativa en Uruguay en medio de reclamaciones de los colectivos feministas por lo que consideran falta de recursos para la atención de los delitos sexuales y que organizaron una marcha el pasado viernes «contra la cultura de la violación».

Los tres sospechosos fueron detenidos esta semana «por seguridad» hasta que la fiscal del caso, Sylvia Lovesio, decida si los imputa. (INFOBAE)