Assange, de 50 años, es requerido por las autoridades estadounidenses por 18 cargos, incluida la acusación de espionaje, relacionados con la publicación por parte de WikiLeaks de grandes cantidades de registros militares confidenciales de Estados Unidos y cables diplomáticos que, según Washington, pusieron vidas en peligro.
El mes pasado, la ministra del Interior, Priti Patel, aprobó su extradición y su oficina dijo que los tribunales británicos habían concluido que su extradición no sería incompatible con los derechos humanos y que sería tratado adecuadamente.
Además, el equipo legal de Assange, nacido en Australia, presentó una apelación contra esa decisión en el Tribunal Superior, confirmó su hermano Gabriel Shipton. El tribunal debe dar su aprobación para que se escuche la apelación, pero es probable que el caso legal tarde meses en concluir.
«También instamos al gobierno australiano a que intervenga de inmediato en el caso para poner fin a esta pesadilla», dijo Shipton a Reuters.
La saga comenzó a fines de 2010 cuando Suecia solicitó la extradición de Assange de Gran Bretaña por acusaciones de delitos sexuales. Cuando perdió ese caso en 2012, huyó a la embajada de Ecuador en Londres, donde pasó siete años.
Cuando finalmente lo sacaron a rastras en abril de 2019, fue encarcelado por violar las condiciones de la fianza británica, aunque el caso sueco en su contra había sido desestimado. Ha estado luchando contra la extradición a Estados Unidos desde junio de 2019 y permanece en la cárcel.
«Vamos a luchar contra esto. Vamos a utilizar todas las vías de apelación», dijo su esposa, Stella Assange, a los periodistas después de que Patel aprobara su extradición. (Reuters)