Buenos Aires. – El Gobierno argentino anunció ayer el aumento del 31 % al 33 % de los aranceles a la exportación de harina y aceite de soja y la creación de un Fondo Estabilizador de Trigo, con la intención de controlar los precios domésticos, luego que el presidente Alberto Fernández declarara una «guerra contra la inflación».

A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el gobierno oficializó la suba de las alícuotas, suspendiendo hasta el 31 de diciembre un decreto de 2020 que reducía los impuestos de exportación de harina y aceite de soja al 31 % y volviendo a establecer el valor del 33 %.

Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja. Un alza de dos puntos en el impuesto implicaría una recaudación fiscal adicional de 425 millones de dólares para el Gobierno de Fernández, según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC).

La tercera economía más grande de América Latina sufre desde hace años una elevada tasa de inflación, que en febrero alcanzó el 52,3 % interanual, y apenas comenzó a recuperarse de tres años de recesión económica.

«El Presidente de la Nación nos encomendó a sus ministros la tarea de instrumentar las medidas necesarias para estabilizar el precio del trigo a valores prebélicos mientras duren las consecuencias del aumento a causa de la guerra y desacoplar el precio argentino de los precios internacionales», dijo el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en una rueda de prensa, en referencia al conflicto entre Ucrania y Rusia.

Los ingresos provenientes de las tasas a los embarques de productos agrícolas y agroindustriales son una muy importante fuente de recursos para el Gobierno argentino. Argentina también grava los embarques del trigo y el maíz, en un 12 %.

En otro decreto, el Gobierno anunció que abrirá registros de exportación de trigo del ciclo 2022/2023, cuya siembra comienza a fines de mayo, por ocho millones de toneladas, sumando un total de 10 millones de toneladas

abiertas a la fecha, para aprovechar los elevados precios internacionales de los alimentos.

«Hemos decidido, con el propósito de captar los precios internaciones de esta coyuntura histórica de precios que son históricos, abrir los registros de exportación de la cosecha 22/23 por un total de 8 millones de toneladas de trigo, que se suman a los 2 millones de toneladas ya autorizadas», dijo Domínguez, quien agregó que el Gobierno busca dar previsibilidad a los productores.

«Estamos trabajando para darle a la gallina de los huevos de oro de este país, que es el productor, la previsibilidad y la confianza que requiere», afirmó.

RECHAZO DE

LA INDUSTRIA

La política oficial para el agro enfrentó a la gestión de Fernández con los productores agropecuarios, que sostienen una histórica tensa relación con los gobiernos peronistas debido a la tendencia de estos últimos de intervenir en los mercados.

El anuncio del gobierno generó el rechazo inmediato de diversos sectores de la industria.

La medida «claramente castiga a la industrialización en Argentina, el primer complejo exportador del país. Esto va a afectar severamente a toda la cadena de la soja, al empleo industrial, agropecuario, a las exportaciones y al ingreso de divisas», dijo a Reuters Gustavo Idígoras, titular de la cámara argentina de exportadores y procesadores de granos CIARA-CEC. (Reuters)