En un juicio que no fue público y cuyas pruebas no trascendieron, el Tribunal Supremo consideró que los cuatro acusados, Hosein Ordukhanzadeh, Shahin Imani Mahmudabad, Milad Ashrafi y Manuchehr Shahbandi Bejandi, formaban parte de una red que bajo la dirección de los oficiales de inteligencia del régimen sionista (Israel), realizaban secuestros armados y recibían el pago por sus trabajos en monedas digitales.

“Estas personas cometieron robos, destrucciones de bienes personales y públicos, secuestros y extorsión de confesiones falsas”, señaló la Guardia Revolucionaria en un comunicado.

Sus miembros fueron arrestados con la cooperación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y el Ministerio de Inteligencia.

Irán anuncia ocasionalmente la detención de personas que, según dice, espían para países extranjeros, incluidos Estados Unidos e Israel. El régimen persa no reconoce a Israel y apoya a grupos terroristas antiisraelíes en toda la región, como Hezbollah y Hamas.

Según las estadísticas que maneja la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional, Irán es, con más de 400 ahorcamientos al año, uno de los cinco países del mundo que más penas capitales ejecuta, junto a China y Arabia Saudita.

Las ejecuciones se producen en un momento de gran tensión en Irán, tras más de dos meses de protestas desencadenadas por la muerte en prisión de Mahsa Amini. Miles de personas fueron detenidas, entre ellas unos 40 extranjeros.

Irán acusa a Estados Unidos y a sus aliados, entre ellos Gran Bretaña, Israel y grupos kurdos radicados fuera del país, de fomentar la violencia callejera que el gobierno califica de disturbios.

La justicia iraní ya confirmó seis condenas a muerte por las protestas, y el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional afirma que, según los informes oficiales, al menos 21 personas que están siendo juzgadas están acusadas de delitos que podrían llevarlas a la horca.

“Se trata de juicios manifiestamente injustos que tienen por objeto infundir miedo a la población”, declaró Raha Bahreini, investigadora sobre Irán en Amnistía Internacional, en relación con los recientes procesos judiciales en los que están implicados manifestantes.

“Esto es también un reflejo del creciente uso de la pena de muerte por parte de la República Islámica como herramienta de represión política”, añadió.

En una entrevista el relator especial de la ONU sobre Irán, Javaid Rehman, se mostró preocupado por la campaña de condenas a muerte que ha acompañado a la represión.

El mes pasado, Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, también expresó su alarma por el creciente número de ejecuciones en Irán.

“Hasta septiembre de 2022, el número total de ejecuciones habría superado las 400 en el año, por primera vez en cinco años. Se trata de un aumento sustancial respecto a las 330 y 276 ejecuciones de 2021 y 2020, respectivamente”, dijo en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra el 24 de noviembre. (Infobae).