Al menos 18 personas fallecieron y varias decenas resultaron heridas en el sureste de Perú, durante las protestas que piden la salida de la presidenta del país, Dina Boluarte, elecciones anticipadas y el cierre del Congreso.

El Defensor del Pueblo peruano confirmó este balance de víctimas, que incluyen a un menor de edad, tras enfrentamientos en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca.

“Solicitamos a las fuerzas del orden hacer un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza y exhortamos a la Fiscalía de Perú a realizar una investigación severa que permita esclarecer los hechos”, comunicó el organismo.

“No corresponde a la Policía Nacional ni a las Fuerzas Armadas resolver los conflictos que vienen aconteciendo. Es deber del Gobierno central y del Congreso de la República encontrar una salida realista, y en un plazo razonable, que devuelva la tranquilidad y la paz al país”, agregó el Defensor del Pueblo.

El Gobierno Regional de Puno declaró tres días de luto, desde ayer hasta el jueves por el balance preliminar de las protestas, “en razón a los trágicos sucesos ocurridos”. “(Nos) sumamos al dolor de las familias dolientes y (nos) solidarizamos con la población afectada”, señala un decreto que exige investigaciones “contra los responsables de estos deplorables hechos que enlutan a la región”.

Anteriormente, congresistas del departamento de Puno emitieron un comunicado conjunto para exigir la renuncia de Boluarte, luego de los enfrentamientos registrados en la zona durante el fin de semana en la región, que dejaron una treintena de personas heridas, entre ellas varios periodistas.

Por otro lado, el aeropuerto Coronel Alfredo Mendívil Duarte de Ayacucho tuvo que suspender de forma temporal sus operaciones como medida de prevención, ante los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía en la región.

ATAQUE AL ESTADO

DE DERECHO

El Gobierno peruano anunció que enviará una comisión de alto nivel a la zona en tensiones por las protestas antigubernamentales, que cobraron la vida de más de una decena de personas.

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, informó que el fin de esta comisión es insistir en el diálogo y llevar ayuda humanitaria, acusando a los manifestantes de atacar el estado de derecho.

Otárola afirmó que se ha producido un ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el Estado de derecho y las instituciones, detallando que más de 9 mil personas llegaron al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente 2 mil iniciaron un ataque con armas generando una situación extrema.

El primer ministro vinculó a los manifestantes con el narcotráfico, garantizando que las autoridades capturarán y procesarán a quienes están destruyendo el país financiados por intereses extranjeros y por el dinero oscuro del narcotráfico.

Asimismo, tras lamentar las muertes en el sureste del país, el premier solicitó a la Fiscalía que investigue los hechos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, instó al Ministerio Público a iniciar una exhaustiva investigación sobre los hechos, ya que considera que en este tipo de conflictos nadie gana en el país.

El ministro del Interior, Víctor Rojas, aseguró que la Policía Nacional y el Ejército impidieron la toma del aeropuerto de Juliaca, acción que habría sido planificada desde la semana pasada, según indicó.

Asimismo, insistió en que los agentes lograron resguardar el aeropuerto, controlando las turbas, en un estricto respeto de los Derechos Humanos, ya que el conflicto habría estallado con el uso de bombas molotov y pólvora.

Además, la Conferencia Episcopal Peruana reprobó la muerte de los fallecidos y heridos, tanto de civiles como de policías, ya que recurrieron a la ilegalidad y el uso desmedido de la fuerza, respectivamente.

Las protestas en Perú se iniciaron tras la detención del expresidente Pedro Castillo y su acusación por rebelión al intentar cerrar el Congreso y convocar elecciones parlamentarias tras año y medio intentando gobernar al tiempo que lidiaba con las maniobras de la cámara, que a la tercera logró su destitución. (Europa Press).