Su abogado, Santiago Moratorio, inició conversaciones con la Fiscalía para que la pareja, el hermano y el cuñado del narco se entreguen, pero hasta ahora no tuvo éxito. “Si quieren ponerle una tobillera electrónica o un policía 24 horas en un domicilio hasta que se termine el caso, estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo con que vayan presos porque son personas que no tienen un solo antecedente y que no cometieron un delito”, dijo Marset, en la entrevista grabada el sábado 11, en referencia a sus familiares.

Pero, en las conversaciones con fiscales, Moratorio también sondeó otra posibilidad: que el propio Marset se entregue y asuma la responsabilidad intelectual de algunos delitos menores en Uruguay, informó El Observador, ayer. Esto le permitiría dilatar su entrega en Paraguay, el único país en el que Marset es requerido.

Uno de los delitos que Marset reconocería si llega a este acuerdo es la amenaza a la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero. En 2020, desde un celular peruano, la fiscal recibió: “Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted, ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”, decía el texto que recibió la fiscal.

El “pequeño susto” al que refiere el mensaje fue un ataque a la sede de la Dirección contra el Tráfico Ilícito de Drogas con una bomba molotov. La autoría intelectual de este atentado es otro de los delitos que Marset evalúa reconocer si se llega a un acuerdo, informó el medio uruguayo.

Si prospera esta línea, Marset podría ser imputado por un delito de violencia privada, que tiene una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Sin embargo, en la Fiscalía aseguran que si Marset se entrega en Uruguay el camino será el de la extradición. Como no tiene ninguna causa abierta, una vez que la Justicia sea notificada de su presencia en el país, el narco tendría que ser detenido y la Policía deberá comunicar enseguida la noticia a Paraguay.

En ese caso, el juez de ese país tendría un plazo de 40 días para pedir formalmente la extradición y aportar a Uruguay las pruebas que lo inculpan.

El diálogo de Moratorio fue con el fiscal Diego Pérez, encargado de investigar esas causas. En la conversación, el fiscal no se comprometió a avanzar en el tema, aunque sí dijo estar dispuesto a cerrar el caso.

En tanto, el director de Interpol Uruguay, Juan Rodríguez Reina, aseguró que hasta el momento Marset no propuso ninguna negociación con el Ministerio del Interior y que el objetivo de las autoridades es capturarlo. “La Policía Nacional no hace negociación respecto a eso”, afirmó Rodríguez en declaraciones consignadas por Subrayado.

El director de Investigaciones de la Policía uruguaya, indicó que la hipótesis que manejan es que Marset está en Paraguay, aunque no hay elementos que permitan confirmar la información.

El jerarca señaló que todas las actividades contra el narcotráfico que realizó la institución en los últimos tres años, tienen alguna relación con el grupo criminal que se vincula a Marset. (Infobae)