El Parlamento de la dictadura cubana tiene previsto aprobar en unos días la ley de Comunicación Social, una norma que regulará a los medios en la isla, que periodistas independientes y las ONG temen que suponga una persecución extra a los medios digitales no oficialistas que quedan dentro del país.

Las objeciones al proyecto parten de una premisa compartida: el proyecto de ley sólo reconoce la legalidad de los medios que, en mayor o menor medida, están vinculados al régimen o al Partido Comunista (PCC, único legal).

Así lo establecía ya la Constitución aprobada en 2019, que asegura que los medios nacionales son de propiedad socialista y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad.

Pero en este texto se va más allá porque se establecen cuestiones de contenido, como que éstos no pueden desestabilizar el Estado socialista y que el sistema de comunicación actúa conforme al Estado socialista siguiendo el ejemplo de (José) Martí y Fidel (Catro) y las ideas de Marx, Engels y Lenin.

El periódico Juventud Rebelde, que pertenece a la Unión de Jóvenes Comunistas, afirmó esta semana que el proyecto se inspira en el legado de Fidel Castro Ruz, el gran comunicador de la Revolución.

Cuestiones como esas encendieron las alarmas en distintas organizaciones internacionales, quienes afirman que elevará la presión sobre redactores y medios no oficialistas.

Desde el régimen se defiende la importancia de la ley, la primera en su tipo, y se subraya que esta versión, que será votada el próximo jueves, es la número 34, la anterior iba a ser aprobada a finales de 2022 y se aplazó por la complejidad del tema y eso deja ver, insisten, que surge de un intenso debate interno.

NO RECONOCE A LOS

INDEPENDIENTES

En ninguna de las 55 páginas del proyecto de ley se menciona a los medios independientes digitales, muchos de ellos surgidos durante el llamado deshielo, el acercamiento entre EEUU y Cuba de 2014 a 2017 y que en su mayoría, dejaron el país en los últimos años tras presiones de la Seguridad del Estado.

Esta crítica la comparte Raudiel Peña, coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba: «No les reconoce su personalidad jurídica. Tampoco al periodismo ciudadano. Solo a los que tienen vínculo con el Estado», subraya.

Tanto Peña como Ordóñez recuerdan la entrada en vigor a finales de 2022 del nuevo Código Penal, que sanciona con cárcel la financiación externa a los medios independientes bajo el pretexto de que se busca desestabilizar al Estado desde el extranjero.

No obstante, Rafael Hernández, director de la revista cubana Temas, y quien formó parte de las discusiones internas que dieron pie al texto final, discrepa de las críticas y argumenta que los medios independientes sólo son «antigobierno», según explicó a EFE.

De acuerdo con el proyecto, además de los estatales, se pueden constituir medios que pertenezcan a organizaciones políticas, de masas y sociales, formas asociativas o a otros actores económicos y sociales, lo que a juicio de expertos independientes no garantiza diversidad de voces porque la inmensa mayoría están controladas o en la órbita del PCC.

Sin embargo, la ley no les permite a estas entidades poner en marcha medios generalistas y les limita la paleta de contenidos a la actividad económica o social de su titular.

SE CIERRA EL CÍRCULO

Para Peña, la ley de Comunicación Social cierra el círculo que se inició con la tolerancia a regañadientes del régimen cubano durante el deshielo, un momento en el que florecieron medios digitales críticos.

Más de cinco años después, un buen número de estos reporteros y redacciones tuvieron que continuar su trabajo desde fuera de Cuba, principalmente desde Miami, Madrid y México, tras denunciar presiones de la Seguridad del Estado.

En ese sentido, José Jasán Nieves, editor jefe de El Toque, sostuvo a que se tratará de seguir haciendo periodismo, por suerte la nación cubana hace mucho rato que ya traspasó las fronteras territoriales del país y, por tanto, se puede hacer periodismo cubano y para Cuba sin estar bajo el efecto de una norma de este tipo. (Infobae/Efe).