El ministro interino de Asuntos Exteriores de Pakistán, Jalil Abbas Jillani, aclaró que la orden de expulsión de los ciudadanos afganos, que expiró solo afecta a quienes estuvieron residiendo en el país de manera irregular, por lo que aquellos con estatus especial no serán deportados.
«Pakistán mostrará indulgencia hacia los refugiados vulnerables», dijo el ministro en relación a aquellos afganos que puedan sufrir represalias por parte del gobierno de los talibán en caso de regresar a Afganistán.
Las autoridades paquistaníes iniciaron ayer un operativo por todo el país para arrestar a todas aquellas personas que no acataron la orden de expulsión, las cuales serán enviadas a centros de detención mientras se analiza su situación particular, con vistas a ser deportados a Afganistán.
Según el Ministerio del Interior, Pakistán es hogar de más de 4 millones de inmigrantes y refugiados afganos, de los cuales alrededor de 1,7 millones de ellos están en situación irregular, a pesar de que muchos de ellos nacieron y vivido toda su vida en el país.
A principios de octubre, el Gobierno de Pakistán dio un mes de plazo a todos los afganos que residían de manera irregular para que abandonarán en el país, después de que muchos ciudadanos de esta nacionalidad protagonizaran varios delitos, entre ellos una quincena de atentados de los 24 que se produjeron este año.
Esta decisión enfrentó críticas generalizadas tanto dentro de Pakistán como en Afganistán, y las organizaciones de Derechos Humanos, expresaron preocupación por esta medida. Los talibán, por su parte, negaron que los ciudadanos afganos hayan supuesto un peligro para la seguridad de los países de acogida, a los que exigió moderación y que reconsideren su decisión. (Europa Press)