Acnudh destaca “el grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión”. Desde 2022, la cifra de organizaciones, medios y universidades prohibidas en el país asciende a más de 5.000.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó ayer como “profundamente alarmante” el cierre en Nicaragua de 1.500 ONG, en su mayoría religiosas, ordenado por el gobierno del presidente Daniel Ortega en la mayor disolución de entidades sociales desde las protestas de 2018. La semana pasada ya anunció el cierre de 15 ONG. Desde 2022, la cifra de organizaciones, medios y universidades privadas prohibidas en el país asciende a más de 5.000.
Se trata de una decisión “profundamente alarmante, más aún en un país que ha visto el espacio cívico severamente erosionado en los últimos años y restricciones indebidas a la libertad religiosa”, afirmó en un comunicado la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Liz Throssell.
“El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua”, agregó.
Según el propio Ministerio del Interior nicaragüense, las 1.500 organizaciones sin fines de lucro clausuradas incumplieron sus obligaciones, pues “no reportaron por periodos de entre uno hasta 35 años sus estados financieros”.
En la lista de entidades, cuyos bienes serán confiscados, figuran cientos de asociaciones católicas y evangélicas, además de sociedades o fundaciones benéficas, deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados.
También fueron clausuradas organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los “contras” en los años 80.
“Hacemos un nuevo llamado a las autoridades nicaragüenses a que dejen de imponer severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos en el país y a que garanticen el respeto a los derechos humanos, de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos”, destacó la portavoz de Acnudh, con sede en Ginebra y dirigida por el alto comisionado, Volker Türk.
El gobierno de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, endureció las leyes contra las organizaciones no gubernamentales tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de las Naciones Unidas.
Ortega, exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y volvió al poder en forma ininterrumpida desde 2007, sostiene que las ONG y sobre todo la Iglesia Católica apoyaron esas protestas, a las que considera como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. (Dw, Afp y Efe)