Los secretarios generales de la OEA y de la CoD, Luis Almagro y Thomas Garrett, respectivamente, denunciaron en un comunicado conjunto la solicitud de retirada de la inmunidad de Arévalo y su ‘número dos’, Karin Herrera, por parte de la Fiscalía guatemalteca.
Ambos señalaron que esta acción se engloba dentro de los esfuerzos por parte del Ministerio Público de comprometer los resultados de las elecciones y el proceso de transición actualmente en marcha, que culminará el próximo 14 de enero de 2024.
Asimismo, recordaron a las autoridades de Guatemala que la Declaración de Varsovia contempla el derecho de formar gobierno a aquellos que resultaron electos y la obligación del gobierno saliente de respetar los resultados electorales, así como de ceder el poder cuando su mandato legal concluye.
De la misma forma, sentenciaron que la celebración de elecciones periódicas, libres y justas es una expresión de la soberanía popular, la separación de poderes y la independencia, lo que a su vez representa los elementos esenciales de la democracia representativa.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó la victoria de Arévalo en las elecciones generales del pasado mes de junio, si bien la Fiscalía trató en los últimos meses de revocar el resultado de la votación e incluso de ilegalizar el partido del presidente, Movimiento Semilla.
De hecho, la Policía Nacional, por orden del Ministerio Público, llevó a cabo numerosos registros contra viviendas de simpatizantes y afiliados de Semilla como parte de su investigación contra la formación por un presunto delito de lavado de dinero.
Según la Fiscalía, el partido político habría cometido un delito de lavado de dinero u otros activos, puesto que pagó alrededor de 175.000 quetzales guatemaltecos (alrededor de 20.200 euros) por las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse. (Europa Press)