«Las atrocidades de las que hemos sido testigos desde ese día añaden una urgencia sin precedentes a nuestras conclusiones y recomendaciones», ha asegurado en un comunicado Pillay, quien fue alta comisionada de la ONU para los derechos humanos entre 2008 y 2014.

La jurista sudafricana ha añadido ante los recientes acontecimientos que «los civiles y las instalaciones civiles deben siempre ser protegidos, nunca son un objetivo legítimo, y todas las partes deben cumplir la obligación de protegerlas con arreglo a la ley humanitaria internacional».

En total, han muerto al menos 2.808 personas en Gaza, de las que una tercera parte son niños, y hay 10.850 heridos por los bombardeos. Además, unas 1.000 personas están desaparecidas, se teme que bajo los escombros por los bombardeos, y otros 58 palestinos han muerto en Cisjordania. En Israel, han muerto 1.400 personas y Hamás ha secuestrado a 199, que se encuentran en la Franja.

La ONU publica un informe sobre el conflicto palestino-israelí

Coincidiendo con esta apertura de investigación, se ha publicado un informe de la comisión sobre violaciones de derechos humanos en el conflicto palestino-israelí que no aborda los hechos más recientes (comprende el periodo entre mayo de 2021 y agosto de 2023), aunque según la jurista «muestra que el único camino para acabar con la violencia es mediante el respeto a la ley internacional».

«Para ello se requiere enfrentar las causas originales del conflicto, incluida la ocupación del territorio palestino, y permitir a esa población que ejerza su derecho de autodeterminación», ha añadido la presidenta de la comisión.

El informe concluye que todas las partes del conflicto, incluidos Israel, la Autoridad Nacional Palestina y el «gobierno de facto en Gaza» se han negado a tomar medidas de prevención para evitar víctimas civiles en dos años de violencia, exacerbando la crisis y «profundizando las divisiones y el odio».

Además, añade que el lanzamiento de cohetes y morteros por parte de grupos palestinos armados hacia zonas pobladas por civiles constituye un crimen de guerra, aunque también califica como tal la respuesta «desproporcionada» de Israel a los ataques.

Por otro lado, el bloqueo de la entrada de alimentos y suministros médicos en Gaza es una «violación de la ley humanitaria internacional», añade el informe.

También subraya que las operaciones de seguridad israelíes en Gaza y sus incursiones en ese territorio palestino «buscan debilitar la oposición a la ocupación, fragmentar la cohesión política palestina, y a largo plazo evitar el establecimiento de un Estado libre palestino».

El informe denuncia la represión, a menudo letal, de manifestaciones palestinas por parte de las fuerzas israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, y redadas y arrestos con un uso desproporcionado de la fuerza, como los organizados en la ciudad palestina de Jenin este año.

La comisión abordó en el informe el asesinato en 2022 de la periodista Shireen Abu Akleh, concluyendo que «existen motivos razonables para creer que las fuerzas israelíes utilizaron fuerza letal injustificada» y que en la operación participaron equipos del Duvdevan, la unidad de élite de los cuerpos de defensa de Israel.

El documento reclama a Israel que garantice investigaciones imparciales, independientes y profundas sobre posibles violaciones de derechos humanos en Gaza, y al gobierno de Hamás en Gaza que detenga los ataques contra objetivos civiles.

También recomienda a la Corte Penal Internacional que dé prioridad a las investigaciones sobre la situación en Palestina, «incluyendo la identificación de los responsables del asesinato de Abu Akleh y otros casos». (Rtve)