El juez a cargo del caso dictaminó que la ministra de Exteriores saliente, Hanke Bruins Slot, debe volver a evaluar el permiso que fue concedido en 2016 «con los mismos criterios» que ese año y descartó que el país tenga que suspender la exportación de estos materiales.
Asimismo, matizó que el Gobierno tiene margen para tomar decisiones en el ámbito de la seguridad nacional y la política exterior teniendo en cuenta la legislación vigente en Países Bajos, según informaciones del diario ‹NRC› Handelsblad.
Varias organizaciones de defensa de los Derechos Humanos presentaron una demanda conjunta por considerar que Países Bajos estaban violando el Derecho Internacional al exportar este tipo de piezas, que van a parar a los cazas israelíes utilizados en los bombardeos sobre Gaza.
En este sentido, tres organizaciones, entre las que se encuentra la neerlandesa Oxfam, acusaron al Gobierno de desempeñar un papel fundamental en la guerra y de haberse convertido en «cómplice» de las violaciones cometidas sobre el terreno. «Israel hace caso omiso de los principios fundamentales de las leyes de la guerra, como la distinción entre objetivos civiles y militares, y el principio de proporcionalidad», alertaron en un comunicado.
El Gobierno, sin embargo, aclaró que detener la entrega de este tipo de suministros provocaría daños «significativos» en las relaciones con Estados Unidos y la participación neerlandesa en el programa de los F-35. (Europa Press)