El Departamento de Estado norteamericano anunció ayer su intención de revisar la decisión de rebajar las sanciones impuestas a Venezuela por lo que considera como “falta de avances” en la liberación de presos políticos y ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela.
“Ante la falta de avances significativos por parte del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y sus representantes, en lo que respecta a la liberación de los ciudadanos estadounidenses erróneamente detenidos y los presos políticos venezolanos, Estados Unidos está revisando nuestro alivio de las sanciones y evaluando los avances conseguidos”, informó un portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado publicado en X, antes Twitter.
El comunicado oficial del Departamento de Estado señala la profunda preocupación de Washington por la falta de avances en la liberación de estos presos. «Seguimos trabajando diplomáticamente en estas cuestiones y tendremos más que decir sobre los próximos pasos dada la situación, pero lo que queremos es no perjudicar a nadie, a pesar de los anuncios que ya hicimos anteriormente», añadió.
Sin embargo, el comunicado expresa además la satisfacción de Estados Unidos por los pasos dados para aplicar el calendario electoral entre la Plataforma Unitaria que agrupa a la oposición y representantes del Gobierno venezolano, en concreto el anuncio del 30 de noviembre con un calendario claro para la rehabilitación de todos los candidatos a las elecciones. «Es un hecho importante», resaltó.
Washington manifestó además su firme compromiso con el pueblo venezolano y sus aspiraciones de un futuro democrático. «Vamos a seguir trabajando con la comunidad internacional para restablecer la democracia y el estado de derecho en Venezuela», explicó.
La Embajada de Noruega en México, que actúa como mediadora entre el Gobierno de Venezuela y la oposición, anunció el pasado jueves que ambas partes acordaron revisar las inhabilitaciones de los políticos opositores, entre los que se encuentran la candidata de unidad, María Corina Machado, de acuerdo a los acuerdos suscritos a mediados de octubre en Barbados.
Sobre Machado pesa una orden de inhabilitación por 15 años, dictada en junio por la Contraloría General a raíz de la petición de un diputado chavista y fundamentada, entre otras razones, en presuntas irregularidades de tipo administrativo y en su respaldo a las sanciones aprobadas por otros gobiernos contra Venezuela. (Europa Press)