La Comisión Europea presentó ayer una propuesta formal para retrasar un año, hasta diciembre de 2025, la aplicación de la nueva ley que obligará a las empresas a comprobar y demostrar que los productos como el café, el cacao o el aceite de palma que comercialicen en la Unión Europea no provienen de producciones que estén generando deforestación.

Bruselas defiende que toma este paso tras escuchar la preocupación de socios internacionales por la complejidad para cumplir a tiempo con el nuevo marco legal comunitario, una reforma para la que también gobiernos como el alemán de, Olaf Scholz, habían planteado una prórroga.

En todo caso, para que el aplazamiento sea efectivo queda aún que tanto los Veintisiete como el Parlamento Europeo den su visto bueno para que la nueva ley se aplique a partir de diciembre de 2025 a las grandes empresas y seis meses después, el 30 de junio de 2026, a las microempresas y pymes.

El aplazamiento fue duramente criticado por el excomisario de Medio Ambiente que negoció la reforma, el lituano ecologista, Virginijus Sinkevicius, quien en un mensaje difundido en redes afirmó que supone «un paso atrás en la lucha contra el cambio climático».

«El retraso pone en riesgo 80.000 acres de bosque diariamente, alimenta el 15% de las emisiones globales de carbono, rompe la confianza de nuestros socios globales y daña nuestra credibilidad en los compromisos climáticos», sostuvo el ahora eurodiputado.

Bruselas, sin embargo, sostiene que las herramientas «técnicas» para cumplir la norma «están listas», por lo que los doce meses de más en el calendario permitirán introducir las nuevas obligaciones de manera «gradual» para garantizar una implementación «adecuada y efectiva». Del mismo modo, afirman los servicios comunitarios, el retraso «en ningún modo» pone en duda los objetivos o el contenido de la ley.

La confederación de cooperativas agrarias Copa Cogeca, por su parte, celebró el paso de Bruselas porque considera que es «el único resultado lógico» y solicitó a los gobiernos y a la Eurocámara a permitir el aplazamiento. Asociaciones ecologistas como Greenpeace, por el contrario, acusan al Ejecutivo de Ursula von de Leyen de «condenar a los bosques del mundo a otro año de destrucción».

La nueva regulación para luchar contra la deforestación en zonas como la Amazonía obligará a las empresas a presentar una declaración de «diligencia debida» que acredite que verificaron que no se dañaron bosques para su producción. Las compañías incumplidoras se expondrán a sanciones de al menos un 4% de su facturación anual en el mercado europeo.

El Ejecutivo comunitario acompaña su propuesta de orientaciones para dar mayor claridad a las empresas y a las autoridades de ejecución para facilitar la aplicación de las normas y concede que al igual que ocurre con otros socios internacionales, la preparación para cumplir a tiempo con la reforma está teniendo un desarrollo «desigual» en los países de la UE.

El marco común no veta las importaciones de ningún país concreto pero sí obligará a las empresas a verificar el cumplimiento de la legislación pertinente del país de producción, incluida la relativa a los Derechos Humanos y el respeto a los pueblos indígenas afectados.

Los productos cubiertos por la nueva legislación son el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja y la madera, incluidas producciones que contengan, se hayan alimentado o se hayan fabricado con estas materias primas (como el cuero, el chocolate y los muebles).

También abarca productos como el caucho, el carbón vegetal, los productos de papel impreso y una serie de derivados del aceite de palma, así como una definición más amplia de degradación forestal que incluye la conversión de bosques primarios o bosques de regeneración natural en plantaciones forestales o en otras tierras boscosas y la conversión de bosques primarios en bosques plantados. (Europa Press)