El pleno ha aprobado la propuesta con 33 votos a favor del bloque opositor (compuesto por el ultraderechista Partido Republicano y Chile Vamos), logrando así los 3/5 requeridos. El bloque oficialista se ha posicionado por completo en contra de la nueva redacción, con 17 votos en contra.
Los conservadores han destacado que el texto pone énfasis en la «libertad de elegir» en temas de pensiones, salud y educación, así como en la migración irregular, la seguridad y el terrorismo. Por su parte, los progresistas han criticado que la propuesta «va en contra de los derechos de las mujeres» y «presenta graves problemas técnicos, que solo se traducirán en judicialización».
El único representante indígena, Alihuen Antileo, consejero independiente, se ha manifestado en contra, calificando la propuesta de «excluyente» y afirmando que «tiene un sesgo revanchista, hasta con un sesgo racista».
La portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, ya abogó el mes pasado por que la nueva Constitución represente a toda la población chilena y «no solo a un sector del país», mientras que reconoció su «preocupación» ante la posibilidad de que se cometan «los mismos errores que en el pasado».
El texto será entregado al presidente de Chile, Gabriel Boric, el 7 de noviembre. Con esta medida se cierra una etapa del segundo proceso constitucional que ha vivido el país latinoamericano en menos de cuatro años, tras el estallido popular de 2019. El 4 de septiembre de 2022 fue rechazado con casi un 62 por ciento de votos en contra un primer borrador constitucional redactado por una clara mayoría progresista.
El Consejo Constitucional está formado por 50 miembros (25 hombres y 25 mujeres) elegidos en mayo de este año, donde el Partido Republicano obtuvo la mayoría de los escaños. La función del organismo ha sido redactar el nuevo texto vedado por las doce Bases Institucionales pactadas por los partidos políticos. (Europa Press)