Organizaciones gremiales del sector privado de Nicaragua se pronunciaron en contra del nuevo reglamento de la Ley de la Unidad de Análisis Financiera (UAF), alegando que viola los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, empresas y empresarios, y de atribuirle “funciones de investigación criminal propias de la Policía Nacional y el Ministerio Público”.
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