El Poder Judicial del Perú declaró infundada la detención del arquitecto Luis Iturralde, quien fue aprehendido por Interpol en Lima tras una orden emitida por la Fiscalía boliviana. Iturralde quedó en libertad bajo comparecencia con restricciones y deberá presentarse ante las autoridades peruanas mientras persisten las investigaciones relacionadas con el deslizamiento ocurrido en Bajo Llojeta, en La Paz.

La empresa afirmó que, por tratarse de un tema delicado; “no se puede determinar la responsabilidad sin que se audite, de manera imparcial, los aspectos técnicos que pudieron haber incidido en el desenlace”, detalla el comunicado de la empresa.

Según el director de Interpol Bolivia, Carlos Bazoalto, Iturralde fue detenido en Perú al decidir realizar su migración en ese país cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Bolivia. “Se nos informaba que estaba a punto de abordar el avión con dirección a nuestro país, pero luego decide hacer migración en el hermano país del Perú. De esta manera, quedó bajo la jurisdicción de ese país y es por eso que proceden con su aprehensión”, explicó Bazoalto.

Por su parte, la empresa Kantutani, propietaria del cementerio Los Andes en Bajo Llojeta, aclaró que Iturralde viajaba a Santiago de Chile para someterse a una intervención quirúrgica programada, con lo que descartó cualquier intento de fuga. La empresa también solicitó una auditoría técnica independiente para esclarecer las causas de la mazamorra que, la noche del sábado, afectó 40 viviendas y cobró la vida de una menor de edad.

Kantutani detalló que los trabajos de estabilización en el área fueron realizados bajo la recomendación de la Alcaldía de Achocalla y con la participación del municipio de La Paz en las tareas de supervisión. “Por tratarse de un tema delicado, no se puede determinar la responsabilidad sin que se auditen, de manera imparcial, los aspectos técnicos que pudieron haber incidido en el desenlace”, indicó la empresa en un comunicado.

El fiscal José Omar Yujra, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Anticorrupción, había emitido la orden de aprehensión contra Iturralde el lunes, como parte de la investigación por el deslizamiento en la zona de Llojeta. El evento provocó graves daños materiales y pérdida humana, mientras la Fiscalía aún recaba pruebas para establecer posibles responsabilidades públicas y privadas en el caso.

Mientras tanto, Iturralde deberá cumplir las disposiciones de las autoridades peruanas, y su situación legal en Bolivia sigue siendo incierta. La tragedia en Bajo Llojeta ha generado un debate sobre la gestión de riesgos en áreas urbanas y la responsabilidad de las entidades involucradas en proyectos de estabilización de terrenos.  (Brújula Digital)