José Rubén Zamora, fue el director de El Periódico, uno de los diarios más influyentes de Guatemala hasta su cierre definitivo (el 15 de mayo pasado), lleva 10 meses preso en una cárcel de máxima seguridad acusado de lavado de dinero y otros delitos que el Ministerio Público fue incapaz de probar.

La última vez que hablaron, José Carlos y su padre, apenas tuvieron cinco minutos. “Tanto que decir y tan poco tiempo. Nos reímos, nos pusimos al día, me habló sobre su salud. Él ya está solo esperando”, dijo Zamora

José Rubén Zamora espera, desde que se realizó la última audiencia en su contra, el 31 de mayo, que el tribunal guatemalteco que lleva su caso dicte sentencia. El Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, una abogada a la que el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó como funcionaria corrupta y antidemocrática, solicitó 40 años de cárcel, algo que la justicia guatemalteca no pidió siquiera en los casos del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes se vieron obligados a renunciar en 2015 acusados de corrupción.

A Zamora padre, la fiscalía de Porras lo acusa de tres delitos: lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. El argumento del MP es este: el periodista y director de El Periódico entregó a un hombre llamado Ronald García Navarijo, extrabajador en un banco local, 300,000 quetzales (unos USD 40,000) como parte de una transacción financiera para pagar la operación diaria de El Periódico. Los fiscales alegan que el origen de ese dinero no es lícito, a lo que Zamora respondió que proviene de la venta de obras de arte donadas por amigos del diario. El MP dijo en la corte, además, que el origen real del dinero son chantajes que el periodista hizo a personas a las que amenazó con desprestigiar.

En ninguna de las 11 audiencias judiciales realizadas contra Zamora y la abogada Samari Gómez, a la que el MP acusa de confabularse con el periodista, los fiscales presentaron pruebas de supuesto origen ilícito del dinero ni del supuesto chantaje. En sus alegatos finales, Cinthia Monterroso, la fiscal que lleva el proceso, siguió hablando en condicional, sin atreverse a dar por hecho que el periodista hubiese participado en los hechos que se le imputan. Monterroso, como destacó el defensor de Zamora, usó palabras como “pudo”, “es probable”, “podría”, al referirse a las supuestas acciones del periodista.

Todo el caso, dice José Carlos Zamora, hijo del exdirector de El Periódico, es una ficción, es “creado, montado”. En eso coinciden con él las principales organizaciones que defienden periodistas. El Centro para la Protección para Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, y 130 comunicadores de todo el mundo emitieron un comunicado en diciembre pasado en el que cuestionan a García Navarijo, el testigo del MP, y demandan la libertad inmediata de Zamora.

La periodista Bertha Michelle Mendoza, excorresponsal de CNN en Ciudad de Guatemala y hoy exiliada tras recibir amenazas de muerte y de que sería encarcelada por su cobertura crítica del poder, coincide. “El MP quiere mandarnos un mensaje a quienes hemos trabajado en contar lo que estuvo pasando con los casos de estos grupos criminales clandestinos y de corrupción incrustados en el Estado. Es un mensaje para que no volvamos a Guatemala. Lo que quieren es que José Rubén Zamora no salga nunca de la cárcel, eso es lo que parece con la saña con la que armaron todo esto”, dice en charla con Infobae.

Lo cierto es que José Rubén Zamora y El Periódico fueron, desde 1996 cuando el diario se fundó, un dolor de cabeza para presidentes y empresarios señalados por corrupción y otros delitos. En el cuarto de siglo que pasó desde entonces, El Periódico publicó investigaciones sobre la relación del poder político con el narcotráfico y de las grandes redes de corrupción guatemaltecas, además de dar nuevos impulsos al periodismo narrativo y cultural en el país centroamericano.

Juan Francisco Sandoval, exfiscal guatemalteco exiliado en Washington por investigar al presidente Alejandro Giammattei y a otros, no tiene duda sobre los motivos del MP para perseguir a Zamora. “Es porque El Periódico fue uno de los medios más críticos contra la administración gubernamental, y alguna sección del medio era la única vía para denunciar situaciones que ocurren y nadie se atrevía a denunciar”, señala.

La posibilidad de que el periodista terminara en la cárcel, cuenta José Carlos Zamora, fue una sombra para la familia desde hace tiempo. “Siempre era una posibilidad. Habían pasado muchas cosas desde que yo tenía 14 años. Nos tiraron granadas, nos ametrallaron para asustarnos, porque si nos hubiesen querido matar nos hubiesen matado. A él le volaron un carro. En 2003 nos secuestraron a todos a la fuerza. En 2008 lo trataron de asesinar. Toda la vida fue esto”, cuenta.

Los sicarios paralegales y la muerte a través del derecho penal

José Carlos Zamora identifica dos publicaciones de El Periódico como las que despertaron la ira de quienes controlan el poder político en Guatemala en la actualidad: un reportaje sobre la llamada trama rusa, relacionado con el supuesto soborno que el presidente Alejandro Giammattei recibió de mineros rusos y kazajos para hacerse con un contrato en uno de los puertos más grandes del país, y un artículo sobre la relación personal entre el presidente y Miguel Martínez, un influyente funcionario del entorno presidencial.

Una de las fuentes de El Periódico detalló que miembros de la delegación extranjera, que estuvieron en Guatemala la última semana de abril de 2021, visitaron la residencia de Giammattei y le dejaron una alfombra llena de dólares para sellar los tratos en el puerto.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP había empezado una investigación sobre el supuesto soborno ruso en junio de 2021, lo cual le costó el puesto a Juan Francisco Sandoval, el jefe de la unidad fiscal entonces, y lo obligó a exiliarse en Estados Unidos en julio de aquel año.

Pero no fueron siempre Monterroso y Curruchiche los que llevaron siempre la voz cantante en la acusación. En la persecución penal a Zamora, como ocurrió en los casos de exfiscales y ex investigadores que acusaron de corrupción y otros crímenes a los más poderosos de Guatemala, participan como querellantes privados los abogados de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), una organización de ultraderecha dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, un activista a quien CICIG investigó por su supuesta participación en el tráfico de metanfetaminas. Como en otros casos, en este la FCT supo antes que nadie sobre las actuaciones del MP y participó en campañas masivas de difamación contra Zamora.

El hijo de José Rubén Zamora, quien desde el arresto de su padre recorrió medios internacionales, Naciones Unidas y organismo defensores de derechos humanos para denunciar lo que pasa en su país, cree que el poder en Guatemala mutó de uno que mataba a quienes se le oponían a otro que hoy, por el control absoluto que ejerce sobre el aparato judicial, prefiere lanzar persecuciones criminales contra aquellos que le estorban.

Todo esto ocurre en un momento crítico en Guatemala. El próximo 25 de junio el país elegirá a quien sustituirá en la presidencia a Alejandro Giammattei, uno de los mandatarios más impopulares de los últimos años, marcado por escándalos de corrupción, por una pésima gestión de la pandemia de covid-19 y por aumentar la persecución política contra críticos, como José Rubén Zamora. Toca a Giammattei el dudoso honor de ser el presidente bajo cuyo gobierno el periodista más influyente del país está por ser condenado a décadas en prisión.

El momento no es mejor para los periodistas en otros rincones de Centroamérica. En El Salvador, el director de la policía del presidente Nayib Bukele amenazó con meter presos a los periodistas que reportaron sobre pactos entre políticos y pandilleros, como el que el gobierno Bukele tuvo con la MS13 y el Barrio 18, las dos pandillas más importantes del país.

A una semana de que el tribunal lea la sentencia contra su padre en Ciudad de Guatemala, José Carlos Zamora no es optimista. “Solo te queda esperar lo que decida el tribunal. Es ridículo lo que está pidiendo el MP: ¡40 años! Ni Otto Pérez Molina ni Baldetti, de quienes se comprobó que robaron del erario, el MP pidió 30 años y solo les dieron 16. Sabes que viene una condena por nada. Le fabricaron el caso. Todo es fabricado en el proceso. No le probaron nada porque no hay nada que probar. Toca resignarte a que lo van a condenar. No lo van a dejar libre”.

La comunidad internacional, dice el hijo de José Rubén Zamora, fue solidaria, pero eso, cree, no es suficiente en los casos de los atropellos a la libertad de prensa en Guatemala y Centroamérica, sobre todo si se lee el contexto desde los Estados Unidos. (Infobae).