Por un lado, el chavismo defiende su derecho a renovar la Asamblea Nacional tras las elecciones de diciembre y, por otro, la oposición a Nicolás Maduro sostiene que, tras el "fraude" electoral, solo cabe la prórroga de la actual legislatura.

La actual Asamblea Nacional parte de los comicios del 6 de diciembre de 2015, en los que la oposición se hizo con una victoria clara frente a las fuerzas leales al Gobierno de Maduro. El chavismo reconoció su derrota, pero se sirvió de otros instrumentos, principalmente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para anular 'de facto' el margen de maniobra de los diputados.

Así, la Asamblea fue declarada en desacato y el Gobierno promovió una Asamblea Nacional Constituyente que asumió distintos poderes al tiempo que reafirmaba a Maduro al frente del Ejecutivo. El Parlamento opositor, por su parte, siguió funcionando reivindicándose como poder legítimo, tanto dentro como fuera del país.

Este alegato en aras de la legitimidad se hizo especialmente palpable tras las elecciones presidenciales de 2018, en las que los principales partidos opositores a Maduro rechazaron participar por considerar que no había garantías suficientes de transparencia y justicia. También parte de la comunidad internacional vio con recelo dicha cita electoral.

Ni la oposición ni los gobiernos internacionales que rechazaron los comicios presidenciales reconocieron el mandato que Maduro dio por comenzado en enero de 2019, lo que se tradujo en la autoproclamación de Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, como 'presidente encargado' del país. Estados Unidos fue el primer país en darle su apoyo públicamente y después siguieron más de medio centenar de gobiernos, incluido el de España.

El escenario político apenas ha cambiado en los últimos años, de tal forma que Maduro sigue controlando Venezuela a nivel administrativo y Guaidó ha perdido el empuje inicial, desgastado también en parte por la aparición de nuevas grietas entre los diferentes movimientos de la oposición, que discrepan sobre el camino a seguir.

La mayoría de los grupos, sin embargo, coincidieron en rechazar de nuevo las elecciones del 6 de diciembre, de nuevo por considerar que el chavismo había diseñado una cita a su medida gracias a su control del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la persecución reiterada de la oposición.

El Gobierno rechazó incluso una propuesta de la Unión Europea para aplazar los comicios, manteniendo que el 5 de enero de 2021 era la fecha en la que debía concluir el mandato de los actuales diputados y comenzar una nueva legislatura. Como estaba previsto, el chavismo, aglutinado en el Gran Polo Patriótico, obtuvo una holgada mayoría y se hizo con 253 de los 277 escaños en juego.

"Ese circo que pretende montar la dictadura no va a ser reconocido", insistió este fin de semana Guaidó, que defiende la prórroga de la Asamblea Nacional hasta que haya elecciones "libres". El Parlamento aprobó el 26 de diciembre un texto con el que precisamente quería dar armazón jurídico a esta "continuidad constitucional".

Guaidó sostiene que esta continuidad "no es un capricho" y tanto él como su entorno político defienden que su objetivo no es el poder por el poder, sino promover una transición que ponga fin a la "usurpación", como describen a la actual etapa de Maduro en el poder.

El 'número dos' del chavismo, Diosdado Cabello, ha compartido en Twitter una imagen del Palacio Federal Legislativo con la que quiere hacer ver que, pese a las críticas, el hemiciclo está ya listo para la toma de posesión de los 277 nuevos representantes --110 más que en la actual legislatura--. Otras voces como la del viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, William Castillo, se mofan abiertamente de Guaidó, al que se refiere como el presidente del reino literario de "Narnia".

PAPEL INTERNACIONAL

Guaidó cimenta su estatus en gran medida en el respaldo que ha recibido en estos últimos dos años por parte de la comunidad internacional. Tanto él como su entorno consideran que no hay razones que justifiquen no seguir reconociendo a la Asamblea Nacional saliente, ya que "la institución es la misma".

Así al menos lo cree el representante de Guaidó en España, Antonio Ecarri, que considera que no tiene sentido cambiar de criterio a estas alturas para reconocer una "asamblea fraudulenta". En este sentido, opina que la situación es la misma que la de las presidenciales, con el "agravante" de que el Gobierno intentó en los últimos comicios "secuestrar" las siglas de partidos opositores.

Ecarri espera que "en los próximos días" pueda haber algún tipo de aval público a Guaidó por parte de los países que ya le reconocen. Por parte de España, explica a Europa Press, el Gobierno de Pedro Sánchez está a la espera de un tipo de consenso con otras administraciones de la UE --25 de los 27 países del bloque han reconocido a Guaidó frente a Maduro--.

"No concebiríamos que se retroceda", advierte Ecarri, que vería "inexplicable" un posible paso atrás "cuando se han agravado todas las circunstancias" en Venezuela, tanto políticas como sociales. A su juicio, la disyuntiva pasa por elegir "normalizar la relación con la dictadura" o "seguir comprometidos con la democracia".

Sobre el futuro de Guaidó, Ecarri sentencia que "sin duda" el líder de Voluntad Popular sigue teniendo el respaldo mayoritario dentro de la oposición, pese a que en estos últimos meses han surgido voces que discrepan sobre la hoja de ruta. El representante en España le ha restado importancia, asumiendo que "voces discordantes siempre hay". (Europa Press)