Las movilizaciones, que comenzaron el 28 de abril, provocaron el retiro de una reforma fiscal y el naufragio de otra al sistema de salud en el Congreso, así como a la renuncia del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Pero ahora, las demandas de los manifestantes se han ampliado para incluir un ingreso básico para los más pobres, oportunidades laborales y de educación para los jóvenes y el fin de la violencia policial, así como llamados a eliminar el temido escuadrón de la policía antidisturbios, el ESMAD.

«Hasta que el Gobierno no nos escuche hay que mantenernos en las calles,» dijo Alejandro Franco, un estudiante de 23 años, quien está a punto de graduarse y marcha por la educación y la salud, entre otras peticiones. «Si el pueblo no tiene paz, el Gobierno tampoco», agregó, en medio de cantos y música.

El Ministerio de Hacienda estima en más de 2.680 millones de dólares el impacto de los bloqueos y manifestaciones, que han provocado desabastecimiento de alimentos y suministros, causando alzas de precios, así como interrupciones en el comercio internacional en el principal puerto marítimo del país y la suspensión de operaciones de cientos de empresas.

«No tenemos esperanza y tampoco están dispuestos a dárnosla», dijo Laudice Ramírez, de 62 años y dueña de una pequeña tienda de abarrotes en el sur de la ciudad. «Me toca cerrar mi tienda siempre que hay protestas en frente, me estoy quebrando, pero los jóvenes no tienen otra salida para buscar un país con más oportunidades».

SIN ACUERDOS

El Comité Nacional del Paro -conformado por jefes sindicales, grupos estudiantiles y representantes de otros sectores- acusó al Gobierno de retrasar la firma de un acuerdo previo al que llegaron a comienzos de la semana, en busca de iniciar la negociación formal de un pliego de peticiones.

«Si el Gobierno se niega a firmar, como lo ha hecho hasta ahora, el protocolo de las garantías, es una actitud dilatoria, ya llegamos a ese acuerdo, solo falta la firma del presidente para arrancar la negociación», dijo Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Pero el Gobierno dijo en un comunicado que el retraso se debe a que algunos líderes de la protesta no aceptaron en el preacuerdo condenar los bloqueos de las carreteras.

«Este requerimiento no es nuevo. El día de hoy hemos insistido que ese componente quede incorporado dentro del texto a ser acordado», indicó el documento.

«Algunos miembros del Comité del Paro han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores, sin condenar los bloqueos. Para el Gobierno Nacional ese punto no es negociable», agregó, tras revelar que las conversaciones se reanudarán el domingo.

La violencia ha marcado las manifestaciones. El Gobierno dice que 17 muertes de civiles están directamente relacionadas con las marchas, mientras que grupos de derechos humanos afirman que las fuerzas de seguridad han matado a decenas de civiles más.

También murieron dos policías durante las manifestaciones y muchos más han resultado heridos. (Reuters)