Ongwen estaba imputado por 70 cargos por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en el norte de Uganda por parte del grupo, encabezado por Joseph Kony, y ha sido condenado durante una vista televisada por el TPI a través de su página web.

La Sala IX del TPI, integrada por los jueces Bertam Schmitt, Péter Kovács y Raul Cano Pangalangan, ha indicado que Ongwen es culpable de los crímenes que se le imputan "más allá de toda duda razonable" y ha recordado que el veredicto puede ser apelado durante los próximos 30 días.

Así, detalló que Ongwen es culpable de "ataques contra la población civil", entre ellos asesinato, intento de asesinato, esclavismo, violación de la dignidad personal, saqueo, destrucción de propiedades y persecución en cuatro ataques contra campamentos de desplazados en Uganda entre octubre de 2003 y junio de 2004.

El hombre fue igualmente declarado culpable de "crímenes sexuales y de género", principalmente matrimonios forzosos, torturas, violación, esclavitud sexual, embarazos forzosos y violación de la dignidad personal de varias mujeres secuestradas y puestas bajo su dominio.

Asimismo, fue declarado culpable de otros crímenes sexuales y de género cometidos contra niñas y mujeres por parte de la Brigada Sinia, entre ellos matrimonios forzosos, tortura, violación y esclavitud sexual, así como del crimen de reclutar niños soldado menores de 15 años y su uso en hostilidades.

Por ello, recalcó que Ongwen es "totalmente responsable de estos crímenes" y ha dicho que "no ha hallado pruebas que apoyen la afirmación de que sufría ninguna enfermedad o desorden mental durante el periodo relativo a los cargos o que cometiera estos crímenes bajo amenazas o torturas".

La Sala IX del TPI ha resaltado que la sentencia contra Ongwen será anunciada más adelante, sin dar una fecha concreta, al tiempo que ha recordado que el Estatuto de Roma no contempla la pena de muerte y que Ongwen se expone a una sentencia de hasta 30 años de cárcel y el pago de compensaciones.

AMNISTÍA

Tras el fallo, Seif Magango, subdirector de la organización no gubernamental Amnistía Internacional para África Oriental, expresó el deseo de la ONG de que esta decisión "suponga una medida de reparación para las 4.000 víctimas que participaron en el caso y que ahora pueden recibir compensaciones por su sufrimiento".

"Si bien este caso es importante, las reparaciones deben extenderse a las miles de víctimas de los secuestros, asesinatos y mutilaciones del LRA que aún no han recibido justicia por los daños que han sufrido", resaltó.

Amnistía hizo hincapié en que la Sala IX del TPI ha dado el "paso sin precedentes" de leer los nombres de algunas de las víctimas de los ataques del LRA y de los crímenes de Ongwen, lo que ha descrito como "una afirmación poderosa de los daños individuales sufridos por miles de víctimas y un reconocimiento de la importancia de la participación de las víctimas en los juicios en el TPI".

En esta línea se ha expresado Elise Keppler, directora asociada para Justicia Internacional de Human Rights Watch (HRW), quien ha denunciado que "el LRA aterrorizó a la gente en el norte de Uganda y los países vecinos durante más de dos décadas".

"Finalmente se ha hecho que un líder del LRA rinda cuentas en el TPI por los terribles abusos que sufrieron las víctimas. Los posibles violadores de los Derechos Humanos deberían tomar nota de que la Justicia acabará dando con ellos, incluso años después", defendió.

Así, ha argüido que "el juicio y la condena contra Ongwen son importantes acontecimientos, pero no deben tapar la necesidad de que Kony sea arrestado o se entregue". "Los países deben comprometerse de nuevo a lograr que Kony haga frente al TPI de una vez por todas", zanjó. (Europa Press)

JUICIO CONTRA ONGWEN

El juicio arrancó el 6 de diciembre de 2016, cuando la Fiscalía y la defensa presentaron sus pruebas, proceso que continuó hasta el 12 de diciembre de 2019. Posteriormente, las declaraciones finales en el proceso fueron formuladas en marzo de 2020, tras 234 vistas en las que comparecieron cerca de 70 testigos y expertos convocados por la Fiscalía y cerca de 55 por parte de la defensa.

Los procedimientos contaron con la participación más de 4.060 víctimas, representados por sus abogados Joseph Akwenyu Manoba, Francisco Cox y Paolina Massida.

El caso presentó un dilema al TPI dado que Ongwen fue víctima del grupo tras ser secuestrado por el LRA y obligado a ser niño soldado antes de que cometiera las acciones por las que fue imputado una vez que ascendió en las filas de la formación liderada por Kony.

Ongwen, secuestró en 1988 cuando era un niño por el LRA, se enfrentó al Ejército de Uganda en el marco de la lucha contra el Gobierno del presidente Yoweri Museveni, que se había hecho con el poder dos años antes.

El TPI presentó cargos contra Ongwen, Kony y otros cuatro miembros del LRA en 2005. Ongwen, por su parte, se entregó al Ejército de Estados Unidos en enero de 2016, tras lo que fue imputado por violación, matrimonio forzoso, secuestro infantil, esclavitud sexual y reclutamiento de menores, en relación con los ataques que tuvieron lugar en 2002 y 2005 en un campo de refugiados en el norte de Uganda.