En una sentencia histórica, amparada en el derecho a la libertad de expresión, el juez constitucional de Lima Juan Macedo Cuenca declaró fundada la demanda de amparo que ocho periodistas presentaron contra la compra en el año 2013 de la empresa editora Epensa por parte del Grupo El Comercio.

El magistrado tomó esta decisión al considerar que está probado que a partir de esta transacción comercial el Grupo El Comercio concentró el 80 por ciento de la propiedad de la prensa escrita en Perú conforme a la propia información presentada públicamente por el Grupo El Comercio y a los informes anuales presentados a la Bolsa de Valores de Lima.

La adquisición sería contraria al artículo 61º de la Constitución que veta los monopolios, la jurisprudencia internacional y diversos tratados suscritos por Perú sobre libertad de información, en que se establece la necesidad de evitar la concentración de medios porque afecta a la calidad de la información.

En este sentido, la sentencia indica que si bien la Constitución lo prohíbe, El Comercio pudo hacerlo por la inacción legislativa del Estado al no controlar las fusiones empresariales que generen un alto grado de concentración en el mercado de medios.

Especialmente, se menciona el párrafo 2 del artículo 61º de la Constitución, donde se indica: “La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”.

La periodista Rosa María Palacios, una de las demandantes, ha destacado la importancia de la sentencia. “Ganamos los seis periodistas sobrevivientes, ganó el Perú, pues esta sentencia permite que los lectores tengan una mejor prensa, una prensa plural que se ajuste a los estándares establecidos en la Constitución y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, ha señalado.

El abogado de los periodistas, Fernando Meléndez, ha indicado que “los largos cuatro años de espera desde que se produjo la audiencia de vista están justificados por la extensión y fundamentos de la sentencia”.

El juez emplaza además al Congreso y al Poder Ejecutivo a dictar las medidas legislativas y demás procedimientos que fuesen necesarios para asegurar la libertad de expresión.

Tras conocerse la decisión, el Grupo El Comercio ha anunciado que apelará a la instancia superior. Así, el caso pasará a la Cuarta Sala Civil de Lima, que ya ha intervenido en las apelaciones previas. La decisión en segunda instancia podría salir en un plazo más corto y alguna de las partes puede apelar al Tribunal Constitucional. (Europa Press)