Los sindicatos y las organizaciones sociales insistieron en la huelga a pesar de que un tribunal ordenó el martes posponer las manifestaciones por el temor de que provoque contagios masivos de coronavirus, en momentos en que el país sudamericano registra 2,8 millones de casos positivos y más de 72.000 personas muertas.

"Esta protesta es legítima en la medida que interpreta el clamor nacional de un rechazo de las políticas económicas y sociales de este Gobierno, que en medio de estas difíciles circunstancias pretende una reforma tributaria para saquear el bolsillo de los colombianos, mientras a los megaricos no se les toca un solo pelo", dijo Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Las protestas se realizaron a pesar de que autoridades, como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidieron aplazarlas para evitar aumentar los contagios y negaron a los organizadores un permiso para instalar una tarima y sonido en la Plaza de Bolívar.

La ocupación en las unidades de cuidados intensivos en las clínicas y hospitales de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali supera el 90%, amenazando con provocar un colapso en el sistema de salud si aumentan los contagios de Covid-19.

En Cali, la tercera ciudad más poblada del país, se decretó el toque de queda a partir de las 13.00 hora local (1800 GMT) y el alcalde, Jorge Iván Ospina, ordenó la salida del ejército y la policía a las calles luego de que manifestantes incendiaron autobuses de servicio público, saquearon comercios y derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, el fundador de la ciudad.

ADVERTENCIA

"Estará nuestra Fuerza Pública organizada para garantizar en el resto del día que se cumplan con los requisitos y los protocolos establecidos y allí donde se generen algunos tipos de vandalismo o de afectaciones de violencia actuará", advirtió el ministro de Defensa, Diego Molano.

Las manifestaciones se extendieron a otras ciudades del país de 50 millones de habitantes como Medellín, Bucaramanga y Popayán.

El Gobierno presentó la semana pasada ante el Congreso un proyecto de reforma fiscal, cuya mayoría de propuestas entrarían en vigencia a partir de 2022, para elevar originalmente anualmente el recaudo de impuestos en 23,4 billones de pesos (6.294 millones de dólares), equivalente a un 2% del PIB.

Pero más temprano, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que el monto del proyecto de ley se podría reducir a entre 18 billones y 20 billones de pesos (entre 4.842 millones y 5.380 millones de dólares), en busca de lograr consensos con la mayoría los legisladores que rechazan la iniciativa.

La reforma impositiva es crucial para que las agencias internacionales evaluadoras de riesgo mantengan las calificaciones crediticias en grado de inversión a la cuarta mayor economía de América Latina.

Las manifestaciones son las más recientes de una serie de protestas que iniciaron a finales de 2019 para rechazar las políticas económicas y sociales del presidente, Iván Duque, que finaliza su mandato en agosto del próximo año.

Maltés, de la CUT, dijo que el miércoles en horas de la tarde se reunirá el Comité Nacional de Paro para hacer una evaluación de la movilización y tomar una determinación sobre próximas manifestaciones. (Reuters)